El gobierno de la ciudad propuso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificaciones a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. Con ello pretende tener el control absoluto, a corto y largo plazos, del uso y destino de las aportaciones federales, las cuales son concentradas en un fideicomiso maestro, señalaron diputados locales del PRD.

Afirmaron que los cambios propuestos implican que la ALDF ya no será consultada y la administración capitalina podrá embargar esas aportaciones. También se liberaría de rendir cuentas de esos recursos y se le facilitaría la privatización de las funciones que corresponden al Estado en sectores como el inmobiliario, ecológico, salubridad e infraestructura, entre otros.

Los diputados llamaron la atención, que con esas reformas también se busca regularizar la constitución del fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago F/838, constituido el 23 de agosto de 2007 con las aportaciones federales, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Sostuvieron que se hizo una búsqueda de los documentos de la ALDF que habrían avalado la creación de dicho fideicomiso, pero no existe registro en archivos, ni de la petición del gobierno capitalino.

Los recursos de este fideicomiso –agregaron– se dan en garantía o como fuente de pago de obligaciones que ha contraído el gobierno capitalino con la iniciativa privada, mediante proyectos de coinversión, con capital mixto.

El artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las participaciones federales son inembargables, salvo para el pago de obligaciones contraídas por la entidades, previa autorización de las legislaturas locales.

En el artículo tercero transitorio de las iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, enviada por el Ejecutivo local, se solicita a la Asamblea Legislativa autorice a la Secretaría de Finanzas para que afecte el derecho de recibir hasta 100 por ciento de las cantidades remanentes del citado fideicomiso maestro como garantía o fuente de pago de las obligaciones que hayan sido adquiridas o posteriormente contraídas por el Distrito Federal.

Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo, consideró que con esta disposición el gobierno capitalino busca apuntalar el esquema de asociaciones públicas privadas que ha venido desarrollando, que a su juicio privatiza muchas de las actividades que debe realizar el Estado; pero, lo más grave, compromete a futuro las participaciones federales y obliga a futuras generaciones a asumir los compromisos que ya están en curso.