Senadores de PRI, PRD y PAN rechazaron la pretensión de los procuradores de Justicia estatales de que el arraigo –que en la actualidad opera sólo para actos ilícitos de la delincuencia organizada– pueda aplicarse en delitos del fuero común, ya que se vulnerarían derechos fundamentales de la población y sería un paso más para avanzar a un Estado policiaco”.

El priísta Francisco Labastida Ochoa, el panista Felipe González y el perredista Carlos Sotelo señalaron que en el Senado hay iniciativas para revisar el arraigo a escala federal, e incluso derogarlo, dados los abusos en su aplicación. Pusieron como ejemplo el llamado michoacanazo y coincidieron en que sería muy delicado que ese recurso tan cuestionado pudiera aplicarse en delitos que no son graves, restringiendo garantías individuales.

Labastida resaltó que al igual que la dirigente nacional de su partido, Beatriz Paredes, ve un tufo autoritario en ese tipo de medidas, el cual está también en la mayoría de los proyectos que el presidente Felipe Calderón ha hecho llegar al Congreso.

Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, el panista González dijo que se está cayendo en un sistema policiaco que de ninguna forma queremos para el país; advirtió que el arraigo para delitos del fuero común puede provocar que en provincia se utilice incluso para venganzas políticas.

Sobre el tema, el perredista Carlos Sotelo, presidente del grupo plural del Senado que da seguimiento al caso de los alcaldes y funcionarios de Michoacán detenidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, advirtió que dicha figura ha sido utilizada por el gobierno federal con fines políticos y electorales, para prefabricar cargos a gente inocente.

Recordó que con el aval de senadores de todas las fuerzas políticas, el pasado 26 de mayo presentó una iniciativa para que se derogue la figura del arraigo y salga de la Constitución, toda vez que no ha servido para enfrentar y derrrotar a la delincuencia organizada, sino para suplir las incapacidades de los aparatos de procuración de justicia.

Sotelo consideró que los procuradores que pretenden que el arraigo opere en delitos del fuero común lo que quieren es que se les autorice detener a cualquier ciudadano para investigar luego si es responsable de algún acto ilícito, y la mayoría de las veces liberarlo al final sin ofrecerle siquiera disculpas. No tienen capacidad para investigar y procesar a los verdaderos delincuentes y por ello quieren avanzar a un Estado policiaco, y eso no puede permitirse, recalcó.

Sostuvo que los procuradores y los agentes del Ministerio Público deben profesionalizarse para que recurran a los métodos de investigación y no pedir carta blanca para arraigar de manera indiscriminada. Si no pueden con esas tareas, que renuncien y permitan que su lugar lo ocupen profesionales con ganas de servir a la ciudadanía.

México –agregó– no puede incursionar en la experiencia del peor momento de las dictaduras latinoamericanas, cuando la gente era forzada a declararse culpable mediante torturas y retenciones ilegales.