Las tensiones que produce la desigualdad social junto con la persistencia de lacerantes males relacionados con la inseguridad pública imponen a la justicia electoral inéditas exigencias, reconoció la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, al rendir su cuarto y último informe de actividades.

En una ceremonia a la que no acudió ningún secretario de Estado, Alanís aseguró que los magistrados electorales actuarán en consecuencia para continuar su aportación para mejorar la competencia política y el ejercicio de los derechos político-electorales, así como a mejorar la calidad de nuestra democracia.

Ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, la magistrada presidenta sostuvo que al igual que sus compañeros es consciente del actual entorno social y actuamos en consecuencia.

Entre las cifras que dio a conocer en el salón de plenos de la Suprema Corte, señaló que la tasa de impugnabilidad registrada en las recientes elecciones locales del país, en las que estuvieron en juego 12 gubernaturas, 506 diputaciones, mil 535 alcaldías y 391 presidentes de comunidad fue de siete recursos recibidos por cada 10 cargos electos.

Es decir, en promedio, por cada diez ayuntamientos en juego se presentaron cinco impugnaciones; por cada 10 diputaciones, tres recursos, y por cada 10 gubernaturas, 240 impugnaciones.

Lo anterior demuestra, dijo, la confianza de los partidos políticos, que regresan al tribunal, aun después de que una resolución les fue adversa, pues saben que invariablemente se juzga con estricto apego a derecho.

Al respecto, destacó que en el año reciente el tribunal recibió 4 mil 897 recursos –dos veces y media más que en 2004– en un escenario en el que se realizaron todas las elecciones programadas, todos los triunfadores asumieron sus cargos, todas las impugnaciones fueron juzgadas y todas las resoluciones han sido acatadas.

Por otra parte, comentó la relevancia que ha adquirido la resolución de controversias que tienen que ver con la vida interna de los partidos políticos.

Cuatro de cada 10 juicios de protección de los derechos de ciudadanos que resolvieron los magistrados correspondieron a decisiones internas de los partidos; de éstas, 58 por ciento fueron sobre los procesos de renovación de dirigencias y 30 por ciento sobre selección de candidatos.

El resto de asuntos tiene que ver con sanciones a militantes y derechos de afiliación.

El partido más impugnado fue Acción Nacional, con 40 por ciento; seguido por el de la Revolución Democrática, con 39 por ciento; Revolucionario Institucional, 18 por ciento, y con uno por ciento cada uno: el Partido del Trabajo y Convergencia.

Al acto asistió el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdez; el subsecretario de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Fernando Zamora; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, José González Morfín, y el dirigente nacional del sol azteca, Jesús Ortega, entre otros.