Human Rights Watch (HRW) respondió ayer a la carta que el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, le envió el pasado día 11. La organización internacional de defensa de los derechos humanos le manifiesta que aparentemente coincidimos en cuatro puntos claves que debería incluir la reforma al fuero militar.

Se trata, afirma José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas, de los casos de desaparición forzada de personas, que la justicia militar nunca se aplique en casos de violaciones a derechos humanos y que el Ministerio Público Militar está obligado a cooperar con sus pares de los fueros común o federal.

En la misiva, la organización señala al funcionario que si bien su carta podría contribuir a aclarar la intención del Poder Ejecutivo, preocupa que su proyecto de ley, con su actual redacción, no garantice de modo inequívoco que esa sea la interpretación que reciba la norma al momento de su implementación.

También, subraya Vivanco, “quisiéramos dejar constancia de que discrepamos en algunos puntos claves de su comunicación. Concretamente, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, las cuales las traduce el orden jurídico en homicidios. No pueden considerarse ajenas a la disciplina militar”.

Otro hecho es que aunque Gobernación reconoce que la Corte Interamericana ha sostenido que en caso de violaciones a los derechos humanos no debe operar la jurisdicción militar, la normatividad (de México) impide tipificar esa conducta en dichos términos, porque se consideró que no precisaba concretamente los actos violatorios que sancionaba.

Además, HRW llama la atención sobre un patrón preocupante que señalamos en nuestra carta al Congreso, el cual fue ignorado en su respuesta: la práctica de las autoridades militares de restar importancia a la gravedad de crímenes cometidos por soldados, como ocurre en 34 casos que son investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que demuestran supuestas torturas o tratos crueles y degradantes.

Pese a ello, fueron clasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional como lesiones, abuso de autoridad y otros delitos de menor gravedad. Esta práctica es exactamente la razón por la que solicitamos al Congreso que otorgue de manera exclusiva a las autoridades del fuero común y federal amplios poderes para determinar cuándo se cometen violaciones a garantías básicas por militares y cuál es el sistema de justicia con competencia para investigar los casos.

Vivanco cuestiona que “los delitos de tortura, violación y desaparición forzada sean excluidos de la jurisdicción militar en la reforma impulsada por el Ejecutivo. Parecería que la propuesta asigna a la justicia penal ordinaria los casos de trato cruel, inhumano, degradante y abuso sexual. Llama la atención que Gobernación considere que esos ilícitos dejarán de ser investigados por la justicia civil.

“Creemos que esos abusos deben ser excluidos del fuero militar, pero no se precisa así en la reforma enviada por el Ejecutivo al Congreso y no podemos esperar que las autoridades obligadas a implementar la ley hagan la misma interpretación, especialmente si se tiene en cuenta el lenguaje del actual proyecto.

“No coincidimos con la afirmación de que la normatividad (mexicana) impide tipificar una conducta en dichos términos; por tanto, es indispensable que el Congreso incluya las ejecuciones extrajudiciales en la lista de crímenes que no pueden ser juzgados por el sistema militar”, sostiene Vivanco.