rente al discurso oficial de la recuperación económica, el aumento de empleo y la simplificación fiscal, entre otras buenas intenciones gubernamentales, la respuesta es la ineficiencia y obstrucción por conducto de leyes, decretos y disposiciones que reflejan que quienes nos gobiernan y legislan no tienen el más mínimo sentido de la realidad productiva, laboral y empresarial, pero sí un compromiso total con la estructura monopólica, financiera y trasnacional que impide el desarrollo de México.
Si frente a la cuestión social no existe el menor tino, tampoco lo hay para generar condiciones de desarrollo y fortalecer la economía interna: para los monopolios, todo; para las pequeñas y medianas empresas, nada.
Pese a que las llamadas pymes (pequeñas y medianas empresas) están en el centro de la propaganda y de todos los programas bancarios y gubernamentales, en los hechos sólo les han dado atole con el dedo, la gran invención de Porfirio Díaz. Contra ellas se ciernen y legislan reglamentaciones excesivas, normas supuestamente modernizadoras que en la realidad obligan a las quiebras y a que la economía informal siga creciendo al paralelo de los discursos.
Solamente por mencionar un caso: a partir de enero, cuando sea obligatorio el uso de la facturación electrónica, miles de pequeños impresores autorizados por el sistema de administración tributaria (SAT) quedarán sin empleo ni trabajo. Frente a la idea de modernizar las administraciones de las pequeñas y medianas empresas de un solo golpe, que ahora deberán tener computadora, Internet, asesoría y obtener la Fiel (firma electrónica), se agrega que tanto las personas físicas como morales, después de una política crediticia para fomentar el consumo sin control mediante tarjetas, que hoy se cobran mediante insultos y amenazas por vía telefónica que inspiraron a los sicarios en el cobro de deudas, a petición de Hacienda todas van al Buró de Crédito, a manera de fichaje, y ya no serán sujetos de crédito para fomentar la actividad productiva. Como si no bastaran las deudas bancarias, ahora se agregan las fiscales para inmovilizar más al sector pyme.
Es decir, a los mexicanos que se han sostenido, a pesar de las políticas de salud contra la influenza y de la campaña contra el consumo de tabaco en establecimientos mercantiles –la nueva norma oficial mexicana NOM 251 de la Secretaría de Salud acaba de entrar en vigor para vigilar las higiene en el procesamiento de alimentos y bebidas (mientras millones de personas comen en la calle)–, ahora se les paga con más regulaciones, que son regalos a la corrupción gubernamental.
Según Hacienda, el crédito a los sectores productivos va a la alza y creció en el último año 67.5 por ciento, principalmente en el sector de la construcción. No obstante, queda claro que la banca privada paga a los ahorradores, así como por el manejo de nómina, con tasas por abajo de 1.3 por ciento, mientras por los créditos que otorga mediante tarjetas o préstamos pymes cobra entre 26 y 30 por ciento, lo que deja al descubierto el escandaloso negocio de especulación.
Es obvio que para el desarrollo económico y quienes generan empleos no hay una política integral ni apoyos crediticios a tasas reales, simplificación administrativa, asesoría para llevar a cabo un proceso de modernización paulatina, sin prisa, pero sin pausa. En la realidad, frente a una banca con espíritu usurero y el acoso de todos los niveles de gobierno traslapa normas, reglamentaciones y una política fiscal que se aleja cada día más de la simplificación y hace de sus procedimientos y páginas electrónicas grandes enredos imposibles de descifrar, que significan más costos para las pymes.
Y mientras ésta es la realidad que viven las pymes, los grandes monopolios no nada más gozan de subsidios, exenciones, devoluciones y otorgamiento de concesiones, sino de confidencialidad. ¿Sabremos ahora, por derecho a la información, cuánto deben las grandes empresas al IMSS, al Infonavit, al fisco y cuánto pagan por sus utilidades y cuanto les descuentan?
México necesita una gran transformación en sus políticas de desarrollo económico. El concepto de economía propia ha sido destruido y el trabajo –principal valor de los mexicanos que vivimos en el territorio– no cuenta, como tampoco cuentan los esfuerzos y dificultades para mantener cualquier negocio privado sobre la especulación, las regulaciones absurdas, las demagógicas políticas de salud, el espíritu de recesión que domina a la clase política, incapaz de entender a los productores reales, a los empleados y los trabajadores del campo y la ciudad que sostienen la economía del país.
A 100 años de la Revolución estamos peor en muchas cosas. Bajo el disfraz de la modernización han decidido el camino del estancamiento. Gobiernos, legisladores, banca, monopolios, proteccionismo y la hacienda pública son los principales enemigos de las pymes, que han hecho del atraso su principal negocio.
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