La denominada ley Peña, que impide las candidaturas comunes en el estado de México, es constitucional y sólo es cuestión de días para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale esta reforma electoral, que regirá la elección de gobernador en 2011.

De acuerdo con fuentes judiciales, los ministros ratificarán el criterio con que avalaron en enero una ley electoral similar en Guanajuato. En esa ocasión resolvieron que los estados pueden regular la forma en que los partidos políticos pueden asociarse para competir en elecciones locales.

Fuentes del máximo tribunal revelaron que el proyecto de dictamen que presentará al pleno el ministro José Ramón Cossío Díaz confirma el criterio de la ley Guanajuato.

Descartarían anomalías

Trascendió que las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia y Acción Nacional (PAN) en contra del proceso legislativo, y la forma en que 125 municipios avalaron la ley promulgada el 25 de septiembre pasado por el gobernador Enrique Peña Nieto, no demuestran violaciones graves de procedimiento. Es decir, no habría elementos para que los ministros echaran abajo la citada ley.

Además, si se aplica el criterio de la ley Guanajuato, se determinaría que la norma del estado de México no es arbitraria, innecesaria, desproporcionada ni incumple criterios de razonabilidad.

Los dirigentes nacionales de los partidos demandantes consideraron en sus respectivas demandas que la reforma es inconstitucional y antidemocrática porque hubo violaciones al proceso legislativo, se aumentó de 10 a 20 por ciento la insaculación de ciudadanos que participarán en la organización del próximo proceso electoral para elegir al sucesor de Peña Nieto y reduce las campañas a 45 días, lo que, afirman, favorecerá al Partido Revolucionario Institucional.