os jaloneos y las negociaciones, la disputa y la rebatiña con motivo de la elección pospuesta de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) son la muestra patente de que los legisladores no ejercen su voto libremente y que tienen que esperar la indicación, la orden o, en el menos malo de los supuestos, la sugerencia de los coordinadores de sus grupos parlamentarios, que toman las decisiones, como que son la réplica en nuestro tiempo de los pastores
priístas de antaño.
En la decisión que determine quiénes ocuparán los tres asientos vacantes en el IFE intervienen los coordinadores legislativos, los dirigentes de los partidos y seguramente gobernadores poderosos y funcionarios federales; los únicos que no tienen vela en ese entierro, que no tienen nada que decir ni que decidir son los diputados de infantería, quienes conforme a la ley deberían tener la responsabilidad de hacerlo.
Según nuestra legislación constitucional, los diputados son representantes de la nación y, de acuerdo con la ley y los principios democráticos que rigen en los sistemas legislativos de todo el mundo, los legisladores son iguales entre sí, el voto de cada uno tiene valor idéntico al de los demás representantes populares; en un sistema democrático funcionando conforme a las reglas, no hay votos de calidad ni diputados de primera y diputados de segunda.
Lamentablemente, en la degradada política de nuestros días, salvo un puñado de legisladores que respetan su dignidad y su responsabilidad, la mayoría ni son realmente representantes de la nación ni se sienten iguales frente a sus dirigentes.
Una sana práctica parlamentaria exige que, en el caso de los consejeros del IFE, se cumpla al pie de la letra el texto y el espíritu del artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el cual asienta que las votaciones para elegir personas serán por cédula, esto es, votaciones secretas en las que nadie debiera saber por qué persona votó cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado.
Las votaciones en las cámaras son por regla general a mano levantada o económicas o nominativas, esto es, de viva voz, dando cada diputado su nombre y el sentido de su voto; esta última fórmula se ha sustituido por el tablero electrónico, pero levantando la mano, de viva voz o apretando un botón; se sabe con certeza el sentido de la decisión de cada legislador. Sólo hay una excepción a esta práctica de voto abierto: se trata del caso de elección de personas; la sabiduría del reglamento señala que cuando se vote por personas el voto será secreto.
La razón de esta prevención responde a la misma lógica que el sufragio universal para elegir a los poderes Legislativo y Ejecutivo; el voto secreto protege la libertad del votante, sea éste ciudadano o sea un representante popular en alguna de las cámaras del Congreso.
El voto secreto se usó en Grecia y se reinventó en los capítulos generales de las órdenes religiosas en la Edad Media; es indispensable para que el elegido o el perdedor de la elección no sepan quiénes estuvieron en su favor y quienes en favor de otra persona. Así se evitan rencores, animadversiones personales que no deben tener cabida en un cuerpo colegiado con graves responsabilidades e integrado por pares, esto es, por iguales.
Para elegir a los consejeros del IFE se debió dar a conocer una lista de los aspirantes, entregarle a cada diputado un historial de cada uno de ellos, con sus antecedentes personales, estudios, obra escrita, cargos ocupados, militancia política, organizaciones a las que pertenece y cualquier otro dato que ilustre a quien votará, para que al hacerlo contara con la información que le permitiría cumplir su responsabilidad con plena libertad y valorar su propia determinación.
Con la información en su poder, cada diputado podría hacer su juicio personal, escoger por quién votar, ejerciendo por sí mismo su poder de decisión y sin tener que esperar a ver qué negociación cerró con los otros coordinadores su jefe de bancada. No hay que olvidar que en la teoría parlamentaria y en la ley, dicho jefe es tan sólo un coordinador de sus iguales y ni más ni menos que sus compañeros.
La vergonzosa práctica de cuotas a los partidos, que tanto ha desprestigiado al IFE, debe ser desterrada, y las presiones y componendas que rebajan al sistema político mexicano debieran quedar en la historia como una práctica viciada del pasado. Durante unos 40 o 50 años del siglo XX, se avanzó lentamente hacia prácticas democráticas y responsabilidades políticas claras y cabalmente cumplidas; en este avance jugó importante papel la oposición. Será muy penoso que partidos que antaño buscaban mejorar la vida política y democrática del país ahora contribuyan a tan burdo retroceso.
