A pesar de que por ley sus resoluciones no deben tardar más de 45 días, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) tiene expedientes en trámite desde hace 22 años ante la falta de voluntad mostrada entre patrones y trabajadores, y el tortuguismo judicial derivado de la falta de personal para atenderlos y los recurrentes problemas económicos del país, que echan a la calle a miles de trabajadores.

El presidente del organismo, Ramón Montaño Cuadra, precisó que de los 72 mil 433 juicios en trámite, se tienen dos casos desde 1988, aunque suman 542 los expedientes de la década de lo 90 del siglo pasado, 6 mil 708 de 2000 a 2004, 16 mil 333 entre 2005 y 2007, y 48 mil 850 juicios entre 2008 y el 30 de octubre de este año.

Ante ello, instruyó al personal de la dependencia a revisar todos los juicios anteriores a 2004 para buscar una solución, disminuir el archivo, que supera 200 toneladas de papel, y acabar con el sueño legal de los expedientes de más de 15 años ante la falta de voluntad política de patrones y trabajadores para llegar a un acuerdo, afirmó.

El 70 por ciento de los juicios en trámite, señaló, son de 2008 a la fecha, pero la meta es resolver los conflictos anteriores, para lo cual estamos contemplando abrir dos juntas especiales que se sumarán a las 17 existentes, pero eso dependerá de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprueben un presupuesto justo para el tribunal laboral que más juicios recibe en todo el país.

Montaño Cuadra mencionó que el proyecto de presupuesto de la Junta para 2011 asciende a 386 millones 61 mil 143.91 pesos, monto 23 por ciento superior al aprobado para este año, al considerarse una inversión de 30 millones de pesos para adecuar el nuevo edificio del organismo ubicado en Doctor Andrade número 45, sitio que ocupaba la Junta Federal de Conciliación; así como contratación de personal, adquisición de bienes muebles y equipo de cómputo para las juntas especiales.

Con ello se estará en condiciones de atender con mayor rapidez los juicios más antiguos y cumplir con el límite de 45 días para responder a un trámite, lo cual hoy es imposible por la sobrecarga de trabajo que se tiene todos los días en las instalaciones de la junta, la falta de personal y la necesidad de contar con mejor equipo y la urgencia de modernizar la expedición de la justicia laboral, dijo.