Senadores de todas las fuerzas políticas respaldaron a los familiares de los 65 mineros de Pasta de Conchos muertos en un derrumbe en 2006 y se comprometieron a impulsar la demanda de que se rescaten los cuerpos aún enterrados en el fundo coahuilense y se establezcan las condiciones de seguridad necesarias para evitar más accidentes y fallecimientos.

Los panistas Ricardo García Cervantes y María Serrano y el coordinador perredista, Carlos Navarrete, recibieron a los integrantes de la agrupación Familia Pasta de Conchos, quienes les entregaron un documento en el que dan cuenta del grave riesgo que enfrentan los trabajadores de las minas de carbón y advierten que desde 1889 no se sabía en la región carbonífera de Coahuila que una empresa, en contubernio con el gobierno, evitara a toda costa que los mineros fueran rescatados.

Aseguraron que desde el siniestro ocurrido en la mina 8 de Pasta de Conchos, en febrero de 2006, no han cesado los accidentes en la región carbonífera de Coahuila, pues suman 41 hasta la fecha, con un centenar de heridos.

Dan cuenta también de un análisis de actas de inspección sobre las condiciones generales de seguridad e higiene en 32 minas de carbón de Coahuila, realizado este año. El resultado es en verdad preocupante, recalcó García Cervantes, ya que refleja la situación inhumana en la que son obligados a trabajar, sin prestaciones mínimas y expuestos constantemente a accidentes laborales.

Ningún trabajador está a salvo

Pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón, debido a que las condiciones en que están operando ponen en riesgo su integridad y su vida, en 17 de las minas siguen las labores, y en tres de ellas han muerto tres mineros.

Asimismo, 13 de 14 empresas verificadas no realizan los exámenes médicos de inicio y de seguimiento a la salud de los mineros, y de 21 minas a las que la autoridad solicitó mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 no los tienen.

La STPS pidió a los dueños de 14 minas mostrar los análisis de incombustibilidad, prueba que debe hacerse mensualmente para determinar que la cantidad de polvo inerte para evitar explosiones de carbón es suficiente, y 12 de ellas reconocieron no tenerlos.

Igualmente, de 21 minas a las que se pidió mostrar su análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 carecen de ello. Y de 20 minas a las que se investigó en torno a la entrega de autorrescatadores a los mineros, sólo dos entregaron esas herramientas, pero no funcionan.

Es decir, ningún trabajador está a salvo, concluye la organización Familia Pasta de Conchos, que agrega que de 16 minas inspeccionadas por la autoridad laboral, sólo una tiene baños, regaderas, comedores o áreas para que los trabajadores puedan comer de forma higiénica.

En otra parte del estudio dan cuenta de las malas condiciones contractuales en las minas de carbón de Coahuila: de las 32 empresas inspeccionadas, sólo en una los trabajadores están sindicalizados; de 25, únicamente una tiene contrato colectivo de trabajo, nueve operan con contratos por tiempo indefinido, temporal o por obra, y 15 cuentan sólo con contratos verbales.

De 19 empresas mineras de carbón a las que se solicitó información sobre el reparto de utilidades, 13 reconocieron no cumplir con esa obligación legal y ocho ni siquiera realizan declaraciones anuales.

De 14 empresas verificadas, ocho no pagan aguinaldo ni vacaciones a sus trabajadores. De las 32, ocho periódicamente dan de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social a los mineros, para evadir la erogación de cuotas y nueve de ellas les pagan a destajo.

El senador García Cervantes informó que el próximo jueves 11 recibirán en Xicoténcatl y en audiencia pública a integrantes de esa organización, acto al que se ha invitado también a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Organización Internacional del Trabajo y organizaciones civiles.