La Presidencia de la República declaró inexistente la información en la que Felipe Calderón fundamentó su mensaje a la nación La lucha por la seguridad pública, emitido el 13 y el 14 de junio pasado, cuando se recrudeció la violencia en el país.

El solicitante de los documentos, informes y cualquier otro tipo de acervo –quien se quejó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), por lo cual el organismo evaluará el caso este jueves– pidió al titular del Ejecutivo federal que, con base en ellos, precise información contenida en su mensaje.

En particular, le demandó que especifique de dónde obtuvo información para decir que gobernadores, alcaldes y funcionarios de la policía y del Ministerio Público, entre otros, hicieron arreglos con el narcotráfico y redes del crimen organizado.

Los cuestionamientos a la Presidencia se centran, entre otros asuntos, en lo que Calderón planteó en el inciso D de su mensaje, titulado “El viejo modelo y los ‘arreglos’”, donde el mandatario sostiene que el crimen organizado sorprendió a unas debilitadas estructuras institucionales del Estado, responsables de la seguridad y de la administración y la procuración de justicia: policías, ministerios públicos, gobiernos municipales, estatales y federal, entre otros, que no habían enfrentado algo semejante, y que “algunas de ellas procuraron un arreglo implícito o explícito con los criminales, pensando que así ‘controlarían’ a los delincuentes. Creían que ese esquema ‘siempre funcionaba’”.

Según la respuesta, se buscó el sustento de dicha información en la secretaría particular, las coordinaciones de comunicación social y de asesores, la oficina de la propia Presidencia, la coordinación de estrategia y mensaje gubernamental, la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional y la secretaría técnica del gabinete de seguridad nacional, y no se encontró nada, por lo cual se declaró la inexistencia.

Aparte, se espera que el pleno del Ifai evalúe en sesión pública la determinación de la Procuraduría General de la Repúblcia (PGR) de reservar por 12 años el número de armas asignadas a sus elementos que durante este sexenio han sido reportadas como robadas o extraviadas.

Entre los argumentos de la PGR para clasificar la información, señaló que es estratégica y en caso de revelarse se causaría un daño presente, pues se pondrían en riesgo las acciones destinadas a la procuración de justicia, por posibles atentados contra la institución.