Funcionarios del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) firmaron ayer un convenio de colaboración que busca mejorar la protección a periodistas.

Derivado de ese convenio, se integrará en breve un comité de consulta y auxilio técnico de las autoridades responsables de aplicar medidas de prevención y protección para los trabajadores de los medios de comunicación. Sin embargo, los representantes de los periodistas en dicho comité no tendrán voto, sólo voz. De ahí que las estrategias serán definidas sólo por los representantes gubernamentales y de la CNDH.

En la ceremonia de firma del convenio, realizada en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, advirtió que los trabajadores de los medios de comunicación tienen una labor de alto riesgo, especialmente en las zonas afectadas por el narcotráfico y, en general, por todo el crimen organizado.

Agregó que de 2000 a octubre de 2010, la CNDH registró 65 homicidios de periodistas. De 2005 a octubre de este año (un lustro), 12 desapariciones y 17 atentados en contra de medios de comunicación ubicados en diversas regiones del país.

Además, de 1999 a la fecha se han abierto más de 600 expedientes vinculados a agresiones a periodistas y comunicadores.

No siempre hay denuncias

No obstante, advirtió el ombudsman nacional, es probable que esta cifra pudiera ser mucho mayor, si se toma en cuenta que muchos de los ataques no siempre son denunciados.

Señaló ante el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y representantes del resto de las dependencias firmantes –los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública y la cancillería no asistieron– que los profesionales de la comunicación integran uno de los grupos fundamentales para el desarrollo democrático.

Ellos, agregó, deben contar, como el resto de las personas, con las garantías para salvaguardar su integridad y para que se les haga efectivo el acceso a la procuración de justicia pronta, completa e imparcial.

Las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho; también es un ataque cuando se produce vejación de la autoridad que se traduce en impunidad, añadió Plascencia.

En la elaboración del convenio no participaron representantes de los trabajadores de los medios de comunicación.

Será hasta la segunda etapa, en la integración del comité, cuando tengan cabida –además de los emisarios de funcionarios federales, estatales y de la CNDH– tres representantes del gremio, quienes no necesariamente deben ser periodistas, sino enviados de ellos.

El convenio y el comité mencionados tendrán como fin coordinar acciones, pero no sustituyen la labor de investigación de agravios, a cargo de la PGR y la fiscalía especial para la atención de periodistas.

El comité será presidido por el representante de Gobernación y contará con un secretario técnico; a las sesiones se podrá invitar a un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y uno de la Oficina Regional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El convenio establece que en las sesiones se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el carácter de la información reservada. Habrá un subcomité de evaluación de los casos que podrá emitir recomendaciones.

Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, dijo que no se generarán nuevas estructuras burocráticas.

Blake sostuvo que el convenio es un compromiso firme, serio, ineludible y decidido con la libertad de expresión.

En 1910, los revolucionarios combatieron para encontrar la justicia, y, hoy, a nuestra generación le toca la tarea de defender y ampliar esas libertades, abundó.