La fracción del PRI en el Senado se abocará en las próximas semanas a revisar y corregir las tres iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente Felipe Calderón: la relativa al mando único policial, la del fuero militar y otra sobre lavado de dinero, debido a que así como las envió son intransitables, requieren modificaciones a fondo, ya que no son lo mejor ni lo que hemos esperado los mexicanos.

El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón señaló que en el caso de la reforma al artículo 115 constitucional para establecer el mando único policial, como fue presentada por el gobierno federal es intransitable, no sólo para el PRI, sino para todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, al menos así lo han hecho público.

Para el tricolor, abundó en entrevista Toledo Infanzón, “lo fundamental es que se respete el artículo 115 constitucional, en lo que respecta a la autonomía municipal. Sin duda, vamos a apoyar una coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Esta reforma que plantea el Ejecutivo en el fondo es una trampa, ya que pretende darle todo el poder a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y a su titular, Genaro García Luna, así como a muchos de los gobernadores. Se están yendo con la finta de que es para fortalecer a las policías en los estados, eso es falso.

El priísta destacó: es muy claro y evidente que lo que se pretende es tener un control total y absoluto de las policías por medio de la SSP federal, para darle un manejo político de cara al proceso electoral de 2012.

Toledo Infanzón abundó: “es el mismo caso en la propuesta de reforma al fuero militar. Como llegó la iniciativa de Calderón no pasa, no tiene consenso. “Los priístas estamos de acuerdo en que es necesaria la reforma, pero el delito de desaparición es imprescriptible. Para esta reforma estamos escuchando a los expertos. Nos reunimos ya con el ex procurador general, ex ombudsman, ex secretario de Gobernación y jurista Jorge Carpizo; escuchamos su opinión y vamos a continuar”.

Incluso, abundó el senador, nos reuniremos con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y con los diputados federales que revisan este tema, así como con otros expertos, ya que es importante escucharlos, pero sin duda estamos de acuerdo en que los militares que cometan violaciones a derechos humanos deben ser juzgados por tribunales civiles.

Respecto de la iniciativa de lavado de dinero que envió el Ejecutivo, el priísta manifestó: queremos que no se politice ni se judicialice, ni que se le dé el sentido que es muy claro, que ya está habiendo de parte del gobierno federal rumbo al 2012. Requiere una revisión a detalle.

Por otra parte, el perredista Silvano Aureoles manifestó que la estrategia del combate al crimen organizado ha sido rebasada por las bandas delincuenciales y las masacres ocurridas en Tijuana, Baja California, y Nayarit; son acciones de exterminio, matanzas colectivas, porque no son ni enfrentamientos ni ajustes de cuentas, sino crímenes contra ciudadanos indefensos desarmados a los que asesinan como si no hubiera autoridad o como si viviéramos en un estado de ingobernabilidad.