El dirigente del PAN, César Nava, dijo ayer que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) carece de facultades para aprobar o rechazar la candidatura a la presidencia blanquiazul de Roberto Gil Zuarth, por lo que tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver la impugnación que se presentó en contra del aspirante.

Ante un proceso de renovación de la presidencia que amenaza con dividir a este instituto político, hizo un llamado a la militancia a mantener la unidad interna, luego de comprometerse a ser árbitro imparcial, neutral y objetivo de la contienda.

César Nava señaló lo anterior al iniciar los trabajos de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, cónclave que se vio marcado por el tema de la sucesión.

A dos días de que la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, aspirante a la presidencia del blanquiazul, impugnó la decisión del CEN de otorgarle a Gil registro como candidato pese a que no tiene siquiera tres años de militancia, el caso fue analizado por los consejeros en corrillos y en la sesión misma.

Trascendió que el tema también se abordó en una reunión que sostuvo Nava con los cuatro candidatos a la dirigencia que llegaron al consejo: Blanca Judith Díaz, Cecilia Romero, Francisco Ramírez Acuña y Gustavo Madero.

Francisco Ramírez Acuña puntualizó que una regla no escrita del panismo, que no se ha respetado en esta ocasión, es que el aspirante a la presidencia partidista debe ser una persona con amplia militancia, pues va a ocupar un puesto al que se otorga gran importancia en términos de respeto y autoridad moral.

Mientras Romero señaló que estatutariamente se debe tomar una decisión al respecto, Gustavo Madero agregó que se tiene que aclarar si es condición de inhabilitación que uno de los aspirantes no tenga una militancia mínima de tres años.

Frente a estos señalamientos, César Nava destacó que el CEN no tiene facultades para pronunciarse sobre el punto, por lo que el tribunal electoral tendrá que resolver sobre el fondo, luego señalar que la cúpula partidista ha actuado y lo seguirá haciendo en forma imparcial. Se recibieron las solicitudes de los cinco candidatos a la presidencia del partido y en esos términos comenzaron ya la campañas internas, subrayó.

Dado lo anterior, expuso que el CEN se limitará a enviar al tribunal la información oficial disponible y a esperar la resolución.

Previamente, a propuesta del regiomontano Fernando Canales Clariond, el Consejo Nacional aprobó un resolutivo en el que se rechaza la utilización de prácticas antidemocráticas, como la compra y coacción del voto. El documento incluye un llamado a la militancia, a los consejeros y a los candidatos a hacer de ésta una competencia libre, deliberativa y constructiva.

Los consejeros iniciaron el día con la interrogante de si lograrían reunir el quórum –se necesitan al menos 192 de un total de 381– para sesionar, pues en la víspera Manuel Espino y otros militantes informaron que el calderonismo había pedido a sus incondicionales no asistir al cónclave, dado que en él se abordaría la cuenta financiera de 2009 que corresponde a la dirigencia de Germán Martínez, en la cual se tuvo que pedir un préstamo bancario de 400 millones de pesos que aún no se termina de pagar.

Incluso se informó que Jorge Manzanera, conocido operador político del calderonismo y actual miembro del equipo de Roberto Gil, maniobró para tratar de reventar el encuentro; sin embargo, la presunta manipulación no dio resultado, pues se logró integrar el quórum pese a la inasistencia de conocidos cuadros identificados con la corriente del jefe del Ejecutivo y al puente vacacional de Día de Muertos.

Juan José Rodríguez Pratts relató que cuando se alcanzo el número de asistentes requeridos, el jubilo estalló entre los presentes, pues se había logrado parar la maniobra, que ya en otras ocasiones había tenido éxito.

En el consejo se aprobaron las cuentas de las fundaciones Rafael Preciado, Miguel Estrada y Humanismo Político AC y la de la fracción del PAN en el Senado, mientras quedó pendiente para la siguiente sesión la de los diputados federales y la tesorería, que es sometida a una auditoría.