Cecilia Romero, candidata a la presidencia del PAN, explicó ayer a los consejeros de su partido que no tuvo ninguna responsabilidad en la masacre de 72 migrantes de Centro y Sudamérica, ocurrida en agosto pasado, cuando aún estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).

En una carta que entregó a los integrantes del Consejo Nacional –quienes tienen la facultad de elegir al dirigente del instituto político–, dijo que las personas lamentablemente asesinadas, evadieron los controles migratorios sin haber existido de por medio alguna forma de corrupción por parte de agentes del INM, según declararon los sobrevivientes.

Hizo notar que en todo el mundo transitan de un país a otro miles de personas de forma indocumentada, especialmente a través de aquellos que, como México, no cuentan con un muro en su frontera sur para contener el tránsito de migrantes. Aunado a ello, resaltó que la política migratoria mexicana está orientada a prestar servicios en puertos, aeropuertos, fronteras y delegaciones, en lugar de contener la migración indocumentada en el país como hace Estados Unidos.

Recordó que la Border Patrol de Estados Unidos tiene 18 mil agentes en la frontera con México, quienes cuentan con equipo sofisticado que incluye cámaras y diversos tipos de sensores, además del muro. Pese a ese despliegue, agregó que en dicho país viven actualmente 6 millones 700 mil mexicanos indocumentados.

Sólo para aclarar dudas

En contrapartida, destacó que el INM tiene una planta de trabajadores de 5 mil 444 personas, la mayoría atendiendo puertos, aeropuertos, estaciones migratorias, oficinas de trámites o realizando verificaciones en empresas e instituciones, y una parte menor haciendo operativos en carreteras y trenes. A pesar de ello, el año pasado se regresaron a 67 mil indocumentados a sus lugares de origen.

Romero subrayó que el Informe Especial sobre Casos de Secuestro de Migrantes, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, atribuye al Sistema Nacional de Seguridad, y no al INM, la elaboración de políticas integrales para combatir el delito y fortalecer las acciones de coordinación e intercambio de información entre dependencias del gobierno federal y los otros niveles de la administración pública.

Al explicar a sus correligionarios que les entregó esa carta para aclarar las dudas que podrían haber surgido por la información y las opiniones publicadas sobre el tema, destacó que en su gestión se aplicaron medidas que permitirán al INM un cambio permanente.