La Unión Campesina Independiente (UCI) demandó el cese de los ataques de la organización priísta Antorcha Campesina y anunció que si las autoridades mexicanas no intervienen en su defensa, podrían recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fundada en 1983, la UCI reúne a agricultores indígenas nahuas del municipio de Huitzilán de Serdán, al norte del estado de Puebla, y se formó para explotar alrededor de mil 200 hectáreas que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) expropió en ese entonces, y que estaban en manos de caciques locales, explicó en entrevista uno de los dirigentes de la organización, Bartolomé Melchi.

Sin embargo, desde que se iniciaron las actividades de la UCI, Antorcha Campesina ha emprendido una labor de intimidación y violencia en su contra, que ha dejado un saldo de más de 150 activistas asesinados –a veces integrantes de familias completas– y cientos de personas desplazadas de su comunidad de origen, añadió.