ntre las nuevas matanzas de civiles en Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic, DF y otra vez Ciudad Juárez (más de 50 muertos en esta semana); entre los ataques con granadas y ráfagas de cuerno de chivo a instalaciones policiacas de Nuevo León y la emboscada a un convoy en la que fallecieron nueve policías en Jalisco; entre la danza de cifras que hablan acerca de los municipios controlados en todo el país por el narcotráfico –el experto Edgardo Buscaglia habla de 982, el Senado de mil 695, Gobernación reconoce 400–; entre el delirio declarativo de los altos burócratas (las matanzas confirman que la estrategia es correcta: José Francisco Blablablake; habrá más muertes: Felipe Calderón) y la incompetencia absoluta del procurador Arturo Chávez Chávez y del secretario Genaro García Luna, la noche del jueves, en la Cámara de Diputados, ocurrió un milagro.

Pese a la generalizada opinión de que PRI y PAN rompieron su alianza histórica –algo que desmienten dos hechos: ambos partidos aprobaron en el Senado la ley que permite a inversionistas privados prestar todo tipo de servicios públicos y, en San Lázaro, la que autoriza al Seguro Social entregar vales para medicinas canjeables en las farmacias de la familia verde ecologista–, antenoche legisladores azules y tricolores tenían planchado un acuerdo para nombrar a los tres nuevos consejeros ciudadanos del IFE, excluyendo al PRD, lo que nuevamente dejaría sin representante, en el organismo que arbitrará (si es que hay) los comicios de 2012, a la enorme fuerza social que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Priístas y panistas estaban de acuerdo en repetir el esquema que hizo posible el fraude electoral de 2006, tras la designación de consejeros ciudadanos impuestos por esos partidos en 2003, año funesto en que asumió la presidencia del instituto, por designio de Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, el fascineroso Luis Carlos Ugalde, corresponsable de la tragedia que nos enluta día tras día desde que Calderón fue incrustado en los pináculos del poder.

El acuerdo que tenían panistas y priístas consistía en lo siguiente: el partido de Salinas impondría a dos consejeros y el de Calderón a uno. Pero cuando todo estaba a punto de chocolate sucedió el milagro: el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se peleó con Beatriz Paredes, y el diputado panista Javier Corral se enfrentó, incluso a gritos, con Josefina Vázquez Mota. Dicho de otro modo: los priístas se jalaron de las greñas (piénsese en el famoso copete de uno y en la abundante melena de la otra) porque ella se obstinó en impulsar a Arely Gómez –hermana del número dos de Televisa– y Peña en que ese puesto lo ocupara Enrique Ochoa, ex secretario particular de la desprestigiadísima María del Carmen Alanís (que tiene varias cartas más bajo la manga).

A su vez, Corral desató la ira de Vázquez Mota porque borró de la nómina de 17 finalistas a Max Kaizer, un hombre siniestro ligado a Juan Molinar Horcasitas, a la propia Josefina, a Alonso Lujambio, a Germán Martínez y a Roberto Gil. Porque Dios no existe pero a veces ayuda, Kaizer quedó fuera de la jugada. Sin embargo, el PAN tiene un plan B, peor todavía: Jacinto Silva, ex magistrado del tribunal electoral de Jalisco, ex contralor del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (el mismo que prohibió las minifaldas en las oficinas públicas del estado) y, lo más grave, está ligado al Yunque, y su hija, Verónica Pía Silva Rojas, al gobernador Etilio González Márquez. A Jacinto Silva lo postularon el ex gobernador troglodita jalisciense, Francisco Ramírez Acuña, y el optimista Blablablake, que ve en las matanzas de civiles inermes una señal inequívoca de la fortaleza política de Calderón.

¿Se capta ya la dimensión del milagro? Las desavenencias entre Peña y Paredes, y entre Vázquez Mota y Corral impidieron –de momento– la llegada de personeros de Televisa, el Yunque, el cavernal Sandoval Íñiguez, Molinar Horcasitas, Lujambio y la venal Maca Alanís, es decir, la toma de una tercera parte del IFE por incondicionales de los actores más nefastos de la política nacional.

La prórroga –hasta el miércoles– que provocó el doble desencuentro, abre una rendija de esperanza para que Beatriz Paredes, sobre quien recaerá esta decisión histórica –y que mal tomada puede desencadenar un huracán que arrase con lo poco que queda en pie– atienda los llamados a la prudencia de ilustres dinosaurios de su partido, como César Augusto Santiago, del mismísimo José Woldenberg –padre de aquel IFE que gozaba de prestigio en el mundo y ayudaba a organizar elecciones en países destrozados como Irak y el Congo– y de otros que le aconsejan no dejar fuera de la nueva terna al PRD.

Ahora bien ¿a cuál PRD? ¿Al de los chuchos, es decir al de Calderón, o al de Encinas, esto es, al de AMLO? En un principio los operadores de Jesús Ortega apoyaron al filopanista Emilio Álvarez Icaza, pero por fortuna, fue vetado por el PRI. Después, también para distanciarlo de Encinas, apostaron por Ciro Murayama, académico muy cercano a Woldenberg, que en su momento criticó la complicidad de Ugalde con el PAN y los empresarios en la campaña de odio contra López Obrador, si bien se opuso al plantón.

Temerosos de que Muramaya, en su afán por restaurar la credibilidad del IFE, no se dejara manipular por ellos, fingieron que lo respaldaban cuando lo cierto es que su comodín es el ex periodista Salvador Guerrero, por el que Jesús Zambrano pujará hasta el último instante.

Quienes observan de cerca y desde adentro esta complicada negociación, interpretan que el apoyo de Paredes a la hermana de Bernardo Gómez significa su autodestape al 2012, para lo cual busca un vínculo directo con Televisa. Pero Peña Nieto la rechaza porque hace cuatro años compró las lealtades de Televisa y en el IFE necesita a su tocayo Enrique Ochoa, súbdito de Maca Alanís, que actuaría a las órdenes de ésta a la hora del cochinero. Si Ochoa no queda, el copetón se inclinará por Roberto Duque, otra fichita, que fue socio de Maca en una consultoría privada, en 2006, y luego su asesor en el Trife.

El país está en llamas. Detrás del horror generado por la violencia, empiezan a multiplicarse las voces indignadas que claman por la renuncia del gabinete de seguridad (¿?). Pero éste, como si no hubiera sido rebasado en todos los órdenes, enfrenta desde ayer otro problema mayúsculo: ante periodistas y testigos que grabaron y difundieron la escena, decenas de soldados y marinos, con uniformes de campaña y rifles de alto poder, entraron el jueves por la noche a la casa de Jimena Mari-Fouche, y causando destrozos, la maltraron a ella y a sus padres, para arrebatarle a sus hijos, un niño de año y medio de edad y otro de cuatro, que tuvo en matrimonio con David Fernández de Cevallos, o sea, nietos del jefe Diego.

Según el portal www.sipse.com de Quintana Roo, David y su hermano, Rodrigo Fernández de Cevallos, que también estaban armados, llegaron a la residencia ubicada en la avenida 50 de la colonia Independencia en la isla de Cozumel, protegidos por los militares que iban al mando del oficial Sergio Ricardo Martínez Ruiz. Aterrados, los niños fueron introducidos en una camioneta blanca, misma que se dirigió al parecer hacia el aeropuerto escoltada por los vehículos de la Marina y el Ejército. ¿Operación conjunta autorizada desde el centro? ¿Insubordinación? No: caos, caos absoluto. No es el momento de cerrar la única puerta que aún tiene abierta la vía electoral. Beatriz sabrá lo que hace.

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