El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió un año al juez federal Felipe Sifuentes Servín, quien en junio de 2009 concedió una suspensión definitiva en vía de amparo a la empresa Aviacsa, recurso que en ese mes permitió a la aerolínea continuar sus vuelos, pese a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó que la firma no cumple todos los requisitos de garantía para la seguridad en sus aviones.

Fuentes cercanas a Sifuentes Servín revelaron que los consejeros tomaron esa medida punitiva en respuesta a una queja de la SCT, con el argumento de que el juez notificó a los abogados de Aviacsa de la suspensión concedida a la empresa antes que al departamento jurídico de la dependencia federal.

Seis de los siete miembros del CJF coincidieron en que el juez sancionado se excedió en sus atribuciones y transgredió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. En junio de 2009, Sifuentes Servín, quien entonces estaba a cargo de un juzgado federal en San Luis Potosí, asumió competencia sobre un amparo promovido por la aerolínea en esa entidad. Aunque la empresa no tenía domicilio alguno en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el juzgador avaló la competencia con el argumento de que los aviones de la firma volaban sobre territorio potosino.

El 11 de junio de 2009, concedió una suspensión definitiva que permitió a Aviacsa seguir utilizando 20 aeronaves hasta noviembre de ese año, cuando la firma entró a concurso mercantil por problemas financieros con sus acreedores.

La Jornada publicó hace 15 meses (11/junio/2009) la declaración de Octavio Ramos, secretario de acuerdos del juzgado quinto de distrito, con sede en San Luis Potosí, cuyo titular era el juez Sifuentes.

“Si este jueves (11 de junio) la SCT ordenó suspender los vuelos (de Aviacsa), seguramente fue porque la parte responsable (Comunicaciones y Transportes) no se ha dado por notificada, y aunque la parte quejosa (Aviacsa) ya tiene copia de la suspensión definitiva –porque vinieron sus abogados al juzgado a recogerla– aún tenemos pendiente enviar mañana un correo certificado para notificar a la autoridad”, explicó el funcionario judicial.

No es la primera vez que el CJF cede a las presiones de una autoridad del gobierno federal para que un juez sea sancionado. Es frecuente que fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) o de la Procuraduría Fiscal de la Federación soliciten sanciones administrativas contra los jueces que emiten resoluciones adversas a los intereses gubernamentales.

En noviembre de 2006 ordenó la suspensión por dos meses de Alejandro Javier Hernández Loera, entonces titular del juzgado 18 de distrito del Reclusorio Norte, hoy magistrado de circuito, a quien la Procuraduría Fiscal de la Federación acusó de resolver con parcialidad un caso en el que se negó a librar una orden de aprehensión contra un presunto defraudador fiscal, por considerar que el delito había prescrito.

Al menos una decena de casos similares a los del juez Hernández se han registrado en los cuatro años recientes.

El caso más conocido de quejas administrativas en trámite es el del juez primero de distrito en Morelia, Efraín Cázares, quien emitió diversas resoluciones que dejaron sin efecto las endebles acusaciones de la PGR contra alcaldes y funcionarios estatales y municipales de Michoacán, detenidos a partir del 26 de mayo de 2009.

En diciembre de 2006, el penalista Alberto Bazbaz Sacal, experto en temas fiscales, quien en 2008 fue designado procurador de Justicia del estado de México, criticó en entrevista con La Jornada (15/12/2006) las presiones que comúnmente hacen la Secretaría de Hacienda y la PGR contra los miembros del CJF para que se sancione a jueces y magistrados que han resuelto contra los intereses jurídicos de las autoridades gubernamentales.