El gobierno mexicano reconoció la necesidad de dialogar con grupos de la sociedad civil para diseñar y poner en marcha un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, ya que hasta ahora no se ha avanzado en dicha tarea a pesar de las recomendaciones internacionales, afirmó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En la audiencia pública que sostuvieron ayer representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se logró también que esta instancia emplazara a México a que en 48 horas aplique medidas cautelares para proteger a las activistas Silvia Vázquez y Blanca Mesina, de Tijuana, Baja California.

Mediante un comunicado, la CMDPDH señaló que la titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, admitió que periodistas y miembros de ONG enfrentan una situación de riesgo debido a la falta de implementación eficaz de medidas de protección.

Las 11 organizaciones presentes en la audiencia, realizada en la ciudad de Washington, describieron los actos de hostigamiento, agresiones físicas, amenazas, asesinatos y desapariciones que padecen quienes se dedican a ambas profesiones, y lamentaron que el Estado mexicano no haga nada por evitar esta situación.

Tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la CIDH y otras instancias internacionales han recomendado al gobierno que impulse un mecanismo de protección, pero hasta el momento no ha habido seguimiento a dichos llamados.

Mayra López Pineda, del área de comunicación de la CMDPDH, enfatizó en entrevista que la CIDH dio 48 horas a México para que aplique medidas cautelares de emergencia a favor de Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevárez, defensoras de derechos humanos que denunciaron la tortura de 25 policías de Tijuana a manos de militares, en mayo de 2009, y han sido amenazadas de muerte por ello.

El mes siguiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CIDH recomendaron al gobierno que protegiera a ambas activistas y a sus familiares, pero éste no hizo nada para acatar la observación, recordó López Pineda.

Esperamos que el pronunciamiento de hoy sirva para que el Estado mexicano tome medidas efectivas ya, y que tengamos precedentes para proteger a los defensores de derechos humanos, puntualizó.