El 21 de agosto de 2009 entró en vigor la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, por la cual se determinó la obligación de los gobiernos federal y estatales de trabajar en la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud.

En particular, se otorgaron facultades a las autoridades estatales para detener y establecer sanciones a narcomenudistas, lo que incluye la atención clínica.

A la Secretaría de Salud (Ssa) le corresponde elaborar un programa nacional en la materia y asimismo ejecutarlo en coordinación con dependencias y entidades del sector, así como los gobiernos estatales.

A las entidades federativas les toca informar y brindar la atención médica y los tratamientos que requieran los adictos en centros especializados, con base en sistemas modernos y basados en el respeto a la integridad y libre decisión del farmacodependiente.