l terror criminal, tres; el terror oficial, cero. Si pudiera traducirse en marcadores lo que en una sola semana sucedió en Chihuahua, así se expresaría. El crimen organizado sigue avanzando en su objetivo de asestar duros golpes al gobierno y la sociedad y de ganar posiciones en la mente de las personas. El terror se va convirtiendo en el estado de ánimo de los norteños.
Roto su monopolio sobre la violencia, así no sea legítima, la expresión local del Estado mexicano trata de lograr con el terror legalizado lo que no ha logrado por su ineficacia. Apenas el jueves 21 de octubre, el Congreso del estado de Chihuahua aprueba por unanimidad la iniciativa de cadena perpetua para los homicidas múltiples, extorsionadores y secuestradores. No valieron críticas fundamentadas ni señalamientos serios de que el único disuasor de la delincuencia no es la pena en sí, sino que el crimen tenga muy pocas posibilidades de quedar impune. La uniformidad campeó en todos los partidos, incluidos dos solitarios votos de quienes se supone representan a la izquierda.
Treinta y seis horas después, la reforma legal muere en la cuna, antes de ser publicada. Demostrando que ni leyes duras ni discursos oficiales bravucones los disuaden, una docena de sicarios, supuestamente de la banda Los Aztecas, penetra en una vivienda de la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez y asesina a 14 muchachos y muchachas, todos menores de 20 años, y hieren a varios más. Supuestamente los asesinos iban buscando a un narcomenudista de apodo El Ratón, perteneciente a la banda de los Artistas Asesinos, ligada al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.
Chihuahua lleva dos años de masacre: durante el 2008, en Creel (13 muertos), en el bar Río Rosas de la capital (11 muertos). En 2009, en el centro de rehabilitación El Aliviane de Ciudad Juárez, (17 muertos); ahí mismo, en el centro de rehabilitación Anexo de Vida (10 muertos). En 2010, en enero, en Villas de Salvárcar, en Juárez (14 muertos); en junio, en el centro de rehabilitación Fe y Vida, en la capital (19 muertos); en junio, fuera del centro de rehabilitación Clínica Integral, en Juárez, (seis muertos). La inmensa mayoría de los ultimados son jóvenes. Nadie para el juvenicidio, no sólo en Chihuahua, también en Tijuana y Tamaulipas.
La constante en estas masacres es que, con el pretexto de ejecutar a alguien de un grupo rival, los criminales asesinan a una mayoría de gente inocente. Por eso queda muy claro que su objetivo es sembrar el terror en las mentes, sobre todo de policías y funcionarios del sistema de justicia. Terror que da resultados: apenas a principios de la semana pasada, el flamante fiscal general de Chihuahua se queja de que de 40 entrevistados sólo cuatro aceptaron formar parte del equipo de la recién creada fiscalía. Por su parte, la PGR declara que no cumple su compromiso de enviar más agentes del Ministerio Público a Juárez porque nadie acepta que lo cambien para allá.
El terror es también lo que explica que nadie haya aceptado hacerse cargo de la seguridad pública en el violento municipio de Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, más que la valerosa joven de 20 años, Marisol Valles. El acto de Marisol, no por simbólico, deja de tener alguna eficacia: convocar, hacer salir de su refugio a sus amedrentados conciudadanos, así sea para proteger su debilidad convertida súbitamente en fortaleza. Marca también una pista para la acción ciudadana: la solidificación de la comunidad en torno a un liderazgo valiente y fresco como primer paso para superar el terror.
Valor civil es el de la marcha médico-ciudadana en Juárez, el viernes 22. Pocas ramas profesionales tan golpeadas por la delincuencia como los servicios de salud: por las amenazas y agresiones a quienes atiendan heridos; por las extorsiones en consultorios, etcétera. Por eso desde el principio de este infierno, son las y los médicos uno de los grupos mejor organizados y más activos en pro de la paz. Se les unen muy diversas agrupaciones, y aunque su marcha no es lo multitudinaria que se quisiera, sirve para mostrar brotes de lucha y esperanza en este desierto de temor y de incertidumbre.
Valor civil también el de las organizaciones de la sociedad civil de Juárez y del DF que el lunes 25 denuncian a nivel nacional el juvenicidio y proponen una serie de nuevos caminos para proteger a esa acribillada ciudad fronteriza con todo y sus niños, niñas y jóvenes.
Si los diferentes niveles de gobierno pretenden continuar por la vía del monopolio del terror legítimo, en terror siempre les ganarán los otros. Lo que se requiere con urgencia es que la movilización civil se amplíe y se intensifique y que el gobierno escuche sus demandas y establezca pactos con ella para poner algo de luz en este interminable túnel.
