Pachuca, Hgo., 28 de octubre. Militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) marcharon por esta ciudad y se manifestaron en el palacio de gobierno y en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) para exigir la libertad de sus compañeros detenidos la semana pasada por la policía en la comunidad de Dios Padre, municipio de Ixmiquilpan, donde comuneros y pequeños propietarios disputan la posesión de 15 hectáreas del rancho Damasco.

Ninguna autoridad los atendió. En la CDHEH presentaron una queja contra el presidente de ese organismo, Raúl Arroyo González, y se marcharon al grito de: ¡Raúl, culero, sal de tu agujero!

Los asistentes, la mayoría indígenas ñanús, acusaron de indolencia y soberbia al ombudsman estatal, quien ayer se negó a recibir la denuncia de los indígenas contra policías por torturas, abusos y daño patrimonial. En el operativo fueron detenidos 18 de los 20 campesinos contra los cuales se libraron órdenes de aprehensión.

Diez de los 18 detenidos el 21 de octubre ya salieron libres bajo fianza y la UNTA reclama excarcelar a los ocho restantes.

Cuauhtémoc Álvarez, abogado de la UNTA, afirmó que los detenidos en Dios Padre fueron severamente golpeados por los policías y uno –cuyo nombre no proporcionó– sigue preso y tiene problemas hepáticos causados por la tunda que recibió la madrugada del pasado 21 de octubre, cuando centenares de agentes capturaron a los comuneros, acusados de despojo.

Nos amenazaron, tumbaron casas, quemaron chozas y sacaron a golpes a los hombres. Mario Olguín, recientemente operado, fue sacado de su vivienda a empujones, narró una persona cercana a Cuauhtémoc Olguín Ciprián, presidente del comisariado de bienes comunales, recluido e incomunicado junto con sus compañeros en Pachuca.

Denuncian despojo de tierras

En la plaza Juárez, un grupo de no más de 40 ejidatarios de San Pedro Alpuyeca, municipio de Tula de Allende, se manifestaron para exigir la devolución de 70 hectáreas que supuestamente les quitó Joaquín García León, quien las vendió a compradores procedentes de Oaxaca.

El presunto despojo comenzó hace un año. La presidenta del comisariado ejidal, Marisela García Olguín, fue golpeada y terminó en el hospital por haber reclamado. Un año más tarde el agresor fue detenido, y liberado al día siguiente, según los manifestantes.