De 1986 a la fecha más de 2 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han incurrido en irregularidades y actos de corrupción, principalmente en el otorgamiento de contratos, negligencia administrativa y mal uso del presupuesto de la paraestatal.

Las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ascienden en algunos casos a 48.8 millones de pesos, lo cual evidencia el nivel de los ilícitos.

Sin embargo, la SFP ha consignado sólo un caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se desconoce a cuántos empleados que cometieron ilícitos se les abrió un expediente penal, pero sobre todo no se sabe cuántos continúan, pese a su negro historial, en la nómina de la CFE.

El caso de Néstor Moreno Díaz, director de operación –en agosto pasado sólo fue suspendido de manera temporal para hacer frente a denuncias en su contra–, es apenas uno de los cientos relacionados con el talón de Aquiles de la CFE: violación a los procesos de contratación.

Moreno Díaz, acusado de aceptar y realizar favores a potenciales contratistas nacionales e internacionales, fue destituido por la SFP. El órgano de control de la CFE ordenó inhabilitarlo 10 años (del 7 de enero de 1998 al 6 de enero de 2008), por abuso de autoridad.

No obstante, quien en ese momento era coordinador de transmisión y transformación fue ascendido por el director general, Alfredo Elías Ayub, evidentemente sin atender los antecedentes de corrupción documentados por la contraloría federal mencionada. Más aún: recibió premios por excelencia y representaba a su jefe en actos presidenciales.

Por lo pronto, la lista de irregularidades sigue creciendo. Por ejemplo, en marzo pasado se impuso a un alto funcionario una multa por 41.7 millones de pesos por negligencia administrativa, expediente PA/076/2009. Esa persona fue destituida e inhabilitada 11 años, de 2010 a 2021, y de igual forma la SFP no tiene registro de que se haya interpuesto una demanda penal. En los documentos se puede observar que se impuso una sanción idéntica a otra funcionaria.

Así ocurre en múltiples casos, en los que varios trabajadores son multados por la misma cantidad y se les finca la misma sanción (destitución y/o inhabilitación), situación que evidencia la existencia de relaciones y redes de corrupción en los altos niveles de operación de la CFE, cuyo lema es una empresa de clase mundial.

De manera paralela, legisladores y organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han documentado graves irregularidades en la operación de la CFE, como la contratación de empresas nacionales y extranjeras que no cumplieron los requisitos estipulados en las convocatorias de licitaciones millonarias o que fueron vueltos a contratar pese a desfalcos cometidos en perjuicio de la paraestatal.

De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, la unidad de asuntos jurídicos de la SFP precisó (folio Infomex 000270016 7010) que en el periodo diciembre de 1993-julio de 2010 fue denunciado ante la PGR solamente un servidor público adscrito a la CFE.

El caso fue contra un agente comercial, quien cometió el delito de extorsión en mayo de 2009 en Tuxpan, Veracruz. A este empleado se le imputa una irregularidad por 30 mil pesos.

El órgano interno de control de la CFE no interpuso denuncias ante el Ministerio Público. En el oficio 18/164/CFE/CI/ AQ/001583/2010 informa que, luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda en sus archivos, no localizó antecedente alguno relacionado con denuncias penales presentadas por dicho órgano fiscalizador ante el Ministerio Público contra servidores públicos de la CFE.

Los datos mencionados, también obtenidos mediante peticiones de datos públicos, indican que las sanciones más comunes en la CFE son por violaciones a procedimientos de contratación, leyes y normatividad presupuestal, negligencia administrativa, cohecho, extorsión e incumplimiento en declaración de situación patrimonial, aunque esta última no redunda en multas, sino únicamente en amonestación pública o privada y suspensión.

De acuerdo con ese resumen, cuatro empleados –por mencionar algunos casos– incurrieron en negligencia administrativa en 2001 y merecieron sanciones económicas altas e inhabilitación hasta por 20 años.

A partir de octubre del año pasado, cuando la CFE asumió el control de lo que fue la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, continuaron las irregularidades, documentadas por la SFP, principalmente por negligencia administrativa, algunas de las cuales merecieron multas millonarias o destituciones de servidores públicos por hasta 15 años, lo cual indica que siguen los desfalcos.

Tras la extinción de LFC, la CFE ha otorgado cientos de contratos por adjudicación directa para la proveeduría de bienes y servicios en materia de suministro de energía eléctrica. Tras varios meses de negar la información a ciudadanos que la solicitaron, el Ifai ordenó su entrega, asunto que está a punto de concretarse, según dieron a conocer los solicitantes a este diario.