Las empresas mineras no dudan en recurrir a actos graves de violencia contra ambientalistas y defensores de derechos humanos, incluidos el asesinato, el secuestro y la desaparición, con tal de imponer sus intereses económicos en México y Centroamérica, y para lograrlo suelen contar con la complicidad de los gobiernos locales.

Esta es la denuncia que el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) presentará el lunes 25 de octubre durante la audiencia que sostendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en la ciudad de Washington, sede principal del organismo.

Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente del CIEL, explicó que activistas de México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras acudirán a denunciar los abusos que han sufrido a causa de su labor contra las actividades de la industria minera en la región.

Se han registrado asesinatos, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia contra ellos. No hay un marco regulatorio efectivo para el trabajo de las minas, y eso genera impactos ambientales y sociales. Pero cuando las comunidades se organizan, empiezan a ser blanco de grupos paramilitares, con el apoyo o la anuencia del Estado, denunció.

La finalidad de la audiencia es crear conciencia de este problema, porque los asesinatos y la violencia suelen presentarse como un acto aislado, pero vemos que en realidad son un patrón, una tendencia recurrente.

Por tal motivo, la organización solicitará que la CIDH le ordene a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se fortalezcan los mecanismos institucionales de defensa a los promotores de derechos humanos y ambientales.

“Muchas veces –señaló Orellana– se hace hincapié en la participación ciudadana pero, ¿cómo va a haber participación si los que lo hacen son asesinados? No puede haber democracia en ese contexto”.

Entre las cuestiones más importantes que se plantearán el lunes, dijo, se encuentra el tema de la responsabilidad que podrían tener los países de origen de las compañías mineras, como Estados Unidos y Canadá, quienes estarían obligados a intervenir mediante una regulación laboral efectiva.

En el informe que el CIEL presentará ante la CIDH, se incluyen varios casos de abusos ocurridos en México, entre ellos el de Mariano Abarca Roblero, activista chiapaneco que fue asesinado en noviembre de 2009 luego de haber recibido amenazas de muerte por su oposición a la empresa minera canadiense Blackfire.

Sin embargo, afirmó Orellana, hay otras denuncias graves, como las relativas a Minera San Xavier (San Luis Potosí); las minas La Guitarra (estado de México), y Cuzcatlán (Oaxaca), en donde se han verificado actos de violencia con la participación de autoridades municipales, grupos armados de delincuentes o fuerzas de seguridad irregulares.

Sobre la falta de cumplimiento por parte del gobierno mexicano de varias recomendaciones internacionales de derechos humanos, Orellana consideró que si esta actitud se repite se menoscaba la legitimidad del Estado y eso genera más violencia, impunidad y desprotección contra las comunidades.

La delegación del CIEL estará acompañada por Javier Balderas Castillo, abogado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), quien dará su testimonio por el caso de Mariano Abarca, y por miembros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.