n el contexto de la conmemoración del 196 aniversario de la Constitución de Apatzingán, realizada ayer en ese municipio michoacano, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, protagonizó un nuevo encontronazo declarativo con integrantes del Partido de la Revolución Democrática: al responder a un discurso del diputado perredista del Congreso estatal Raúl Morón Orozco –quien fustigó la politización de la justicia durante la actual administración–, el gobernante evocó a José María Morelos y Pavón, sostuvo que éste nunca pactó con los enemigos de los mexicanos, comparables ahora con aquellos que amenazan desde la ilegalidad y la franca criminalidad.

Puestos en contexto, estos señalamientos indirectos y alusivos adquieren un significado distinto al de un homenaje a Morelos: son, en cambio, un nuevo intento por criminalizar –así sea indirectamente– a quienes, según el Poder Judicial, son inocentes y han sido, en consecuencia, víctimas de una procuración parcial de la justicia, como la denunciada ayer por el legislador perredista: los funcionarios y políticos michoacanos imputados y encarcelados por presuntos vínculos con el narcotráfico el año pasado, en el episodio conocido como michoacanazo, y quienes han sido puestos en libertad por fallos judiciales absolutorios.

De tal forma, al tachar de criminales a quienes en estricto rigor no lo son –y no hay aquí afán alguno de defensa de los inculpados, sino reclamo de precisión y de respeto a la ley y al orden jurídico establecido– Calderón Hinojosa incumple el precepto constitucional de presunción de inocencia y comete un atropello inaceptable al principio de separación de poderes, pues descalifica a los integrantes del Poder Judicial que exoneraron a los acusados; por añadidura, el declarante denigra su propia investidura, para la cual es impropio el empecinamiento en extravíos tan evidentes de la procuración como el que constituyó el michoacanazo.

Si a Calderón no le asiste la razón jurídica en tales acusaciones, no hay a la vista otra explicación a sus asertos que una razón política. Con ello, el jefe del Ejecutivo federal termina por dar la razón al legislador michoacano, en el sentido de que su gobierno hace un empleo faccioso de la ley y de la procuración de justicia. Esa descalificación de los adversarios políticos no se circunscribe al ámbito michoacano, sino que se reproduce a escala nacional, como ocurre con la reincidencia de Calderón Hinojosa en el denuesto contra Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó, como hace cuatro años, de un peligro para México.

La actitud descrita, en suma, desvirtúa los llamados de Calderón Hinojosa a hacer valer el estado de derecho, exhibe nuevamente la parcialidad que ha caracterizado a la actual administración en distintos ámbitos, entre ellos la seguridad pública y la procuración de justicia, y descalifica aun más al propio gobierno ante los que debiera considerar interlocutores políticos.