París, 22 de octubre. El Senado francés aprobó este viernes la reforma de jubilación impulsada por el presidente conservador Nicolás Sarkozy, pese al rechazo mayoritario de los franceses en manifestaciones, que se repetirán en las próximas semanas y huelgas que provocaron escasez de combustible.

El proyecto de ley fue respaldado por 177 senadores de la oficialista Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha) y centristas, y rechazado por 153 senadores de la oposición socialista, comunista, radicales y verdes.

Llegará el día en que los adversarios de esta reforma estarán agradecidos al presidente de la República, al gobierno y a la mayoría gubernamental, declaró el ministro de Trabajo, Eric Woerth, minutos antes de la votación.

La reforma que contra viento y marea llevó adelante el presidente Nicolás Sarkozy, en el poder desde mayo de 2007, elevará de 60 a 62 años la edad mínima para jubilarse, de 65 a 67 años la edad para cobrar una pensión completa y de 40.5 a 41.3 los años de aportaciones.

La reforma, que pondrá fin a un logro alcanzado en los años 80, durante la presidencia del socialista Francois Mitterrand, es rechazada por sindicatos y la oposición de izquierda, quienes la consideran injusta pues el grueso de la carga financiera de las futuras jubilaciones recaerá en los más modestos.

La reforma fue aprobada en la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) el 15 de septiembre, y este viernes en la cámara Alta, una vez que el gobierno recurrió a una medida especial para agilizar el proceso.

Antes de convertirse en ley la enmienda debe ser aprobada por un comité parlamentario y votada y en su caso aprobada definitivamente en sesión conjunta del Parlamento, que se prevé será el próximo miércoles, como planeó el Ejecutivo, poniendo fin a tres semanas de debate en el Congreso, en medio de multitudinarias protestas en las calles del país.

Tras seis jornadas nacionales de manifestaciones y huelgas desde principios de septiembre que movilizaron a entre 825 mil y 3.5 millones de personas (según la policía y los sindicatos), y que han contado con el respaldo de 70 por ciento de los franceses, las centrales obreras convocaron a dos nuevas jornadas nacionales de protesta: el jueves 28 de octubre y el sábado 6 de noviembre, y adelantaron que realizarán más acciones de fuerza en sectores clave de la segunda mayor economía de Europa.

En tanto la popularidad del presidente Sarkozy, que calificó la reforma como la ley más importante en sus cinco años de gobierno, se encuentra en su punto más bajo desde que asumió, cuando faltan 18 meses para las elecciones presidenciales de 2012.

Las protestas llevaron al gobierno a tomar medidas para frenar la amenaza de una parálisis por falta de combustible. Durante esta madrugada la policía puso fin al bloqueo en la refinería Gandpuits de la firma Total, a 54 kilómetros de París, que abastece de combustible a la ciudad, donde se registraron enfrentamientos entre policías y huleguistas; una personas tuvo que ser trasladada en camilla, luego de ser atropellada por el tumulto. Ahí la policía se enfrentó con decenas de personas que habían formado una cadena humana para impedir el desbloqueo de la refinería.

Tras la severa escasez de gasolina de los últimos días la situación comenzó a distenderse. En varias gasolineras se ha ordenado no servir más de 30 litros por coche y 150 por camión. Y está prohibido surtir el combustible en recipientes. Las 12 refinerías de Francia están en huelga desde el martes pasado. Este viernes seguían bloqueados 14 de los 219 depósitos de combustible del país y 20 por ciento de las 12 mil 500 gasolineras de Francia seguían sin combustible, según el ministro de Energía, Jean Louis Borloo. El gobierno anunció el viernes que una vuelta a la normalidad llevará todavía varios días.

En la jornada se volvieron a registrar cancelaciones y retrasos en el tráfico aéreo y por ferrocarril. También en colegios y universidades hubo alteraciones en las actividades, aunque en menor medida que en jornadas anteriores, mientras la basura se acumula en las calles de varias ciudades, entre ellas Marsella, Toulouse y Brest.

El ejecutivo defiende la reforma en la necesidad de cubrir un déficit del sistema de pensiones que en 2018 ascenderá a 44 mil millones de euros (61 mil millones de dólares).

La mayor parte de la reforma será financiada con el aumento de las edades, y el resto provendrá de impuestos diversos sobre determinados productos financieros por 5 mil millones de euros anuales.

Con esta reforma, Francia se acerca a sus vecinos europeos, aunque los expertos consideran que es la más dura.