Ocosingo, Chis., 20 de octubre. Tres indígenas tzeltales, presuntamente violadas por soldados del Ejército Mexicano en 1994, cuando eran menores de edad, aceptaron la propuesta del gobierno de Chiapas de reparación del daño con 500 mil pesos a cada una, que condicionaron a que reciba una cantidad similar su madre, quien fue torturada al ser obligada a presenciar el ataque.

Aclararon que aceptaron el planteamiento como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en las violación de nuestros cuerpos, derechos y dignidad.

En la primera entrevista que conceden a un medio de comunicación desde 1994, las agraviadas exigieron que se someta a investigación a los uniformados a quienes acusaron de violarlas, y en su caso se les castigue conforme a las leyes civiles, no militares, y que la indemnización se les proporcione lo antes posible, pero rechazaron que la entrega se haga en un acto público, como proponen las autoridades, para que “el gobierno no use nuestra palabra a su favor.

Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó, afirmaron las indígenas, quienes después de la agresión debieron abandonar su comunidad, ubicada en el municipio de Altamirano, debido al hostigamiento que sufrieron de autoridades y pobladores, además que, según señalaron, sus vidas corrían peligro.

Ni en los 16 años que ha durado este proceso ni en toda nuestra vida podremos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación; nunca podremos perdonar lo que nos hicieron, y tampoco habíamos aceptado hacer declaraciones públicas sobre lo que sucedió, pero ahora lo hacemos para que ninguna autoridad o institución saque provecho de nuestra respuesta al ofrecimiento que nos hace el gobierno de Chiapas, manifestaron.

Recordaron que en 1994, recién ocurrido el alzamiento armado zapatista, Ana, Beatriz y Celia –en ese entonces menores de edad– salieron de su pueblo a Altamirano, asentado en la selva. Iban a vender verduras junto con su madre Delia. Por la tarde, cuando regresaban a su casa, los soldados les ordenaron que se detuvieran y fueron violadas por los militares de un retén ubicado en la salida de la cabecera municipal, ante la presencia de su progenitora.

Por conducto de sus abogadas, las tzeltales interpusieron una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, pero la denuncia se envió al Ministerio Público Militar. Como no se le dio trámite, en 1996 se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

La CIDH envió en 2001 una recomendación al gobierno de México en la que manifestó que el Ejército Mexicano es responsable de las violaciones a nuestros cuerpos y a nuestros derechos, y que tenía que investigar y hacer justicia, castigando a los culpables, además de reparar los daños causados, incluyendo a la madre, a quien se consideró víctima de tortura, pero el Ejército dijo que sus soldados no tenían responsabilidad y cerraron el caso.

Indicaron que nueve años después de la recomendación de la CIDH, por conducto del gobernador Juan Sabines Guerrero, ahora se nos ofrece por la reparación de los daños 500 mil pesos a cada una de las tres hermanas, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para nuestros hijos y proyectos educativos.