La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en ámbitos de la vida política y social del país fue cuestionada por expertos, quienes consideraron que no sólo ha fallado la estrategia gubernamental contra el narcotráfico, sino que, además, el activismo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha traducido en un traslape de funciones propias de al menos nueve secretarías de Estado al desempeñar tareas que constitucionalmente no le corresponden.

Al continuar los trabajos del seminario internacional México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, los especialistas demandaron una relación más abierta y transparente entre las fuerzas armadas y la sociedad civil, para crear espacios de discusión y análisis sobre la problemática que enfrentan los militares al aumentar su interrelación con la sociedad, derivada de su mayor participación en seguridad pública.

Raúl Benítez, director del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que a lo largo de la historia, las fuerzas armadas se han autoasignado misiones que no les corresponden, invadiendo espacios de otras dependencias que han inhibido y afectado la evolución del Estado mexicano en su conjunto.

Aunque parezca contradictorio, dijo, es absurdo que el Ejército encabece campañas de vacunación, por poner un ejemplo. Los médicos militares no fueron preparados para esa labor y lo que ocurre es que al hacer el trabajo de la Secretaría de Salud, ésta, en lugar de crear cuadros, infraestructura y condiciones para cumplir con su tarea, opta mejor por dejar el asunto en manos de los militares, quienes en dado caso, tendrían que ponerse a las órdenes de Salud para apoyarla.

Esta experiencia, agregó, se repite en otros ámbitos: carreteras, infraestructura, persecución de delitos ambientales, etcétera, situación que ha llevado, comentó, que en la política real el secretario de la Defensa tenga un rango superior en el gabinete presidencial que otros secretarios.

Por otra parte, la mayoría de los participantes lamentaron, salvo el coronel Juan José Juárez Ramos, de la dirección de Derechos Humanos de la Sedena, que el tema del respeto a las garantías individuales no sea una prioridad para el gobierno de Felipe Calderón.

El ex titular de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza aseveró que es preocupante cómo en el país en los últimos años se ha dado una regresión en la materia.

Censuró que el gobierno federal insista en fórmulas policiacas para combatir al crimen organizado y que no analice cómo esta estrategia se ha traducido en más violaciones a las garantías individuales y que la espiral de violencia se mantenga en ascenso.

Raúl Plascencia, ombudsman capitalino, resumió que estamos ante una reproducción social de la violencia.

Los especialistas señalaron que en las relaciones cívico-militares hay temas pendientes a corto, mediano y largo plazos, que requieren de políticas integrales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.

Urge, señalaron, la aprobación de protocolos públicos para la atención específica del problema y un monitoreo de los casos en que se detecten violaciones a las garantías, como primer paso para avanzar en la materia.