Dirigentes nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que integran Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia)– presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sendas acciones de inconstitucionalidad contra la llamada ley Peña, que el Congreso mexiquense aprobó el 14 de septiembre, la cual derogó la figura de las candidaturas comunes y acortó a 45 días las campañas para la elección de gobernador de 2011.

Los dirigentes de los tres partidos coincidieron en que la reforma electoral es anticonstitucional y antidemocrática porque violenta, entre otras garantías, la libertad de asociación y el derecho al sufragio.

Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, acudió acompañado de Manuel Camacho Solís, coordinador de Dia; del abogado Gustavo Aguilar Zinser y del dirigente perredista en el estado de México, Venancio Luis Sánchez Jiménez. Indicó que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, pretende favorecer al Partido Revolucionario Inatitucional (PRI) con una ley que fue aprobada de manera apresurada, irregular e ilegal.

Aguilar Zínser mencionó que los especialistas en materia constitucional y derecho internacional Fabián Aguinaco y Santiago Corcuera, respectivamente, detectaron numerosas irregularidades en la aprobación de la llamada ley Peña, entre ellas una convocatoria ilegal a un órgano reformador de la Constitución, que no se llevó a cabo conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Congreso estatal, además de vicios graves en las votaciones de los municipios y argumentos que son un retroceso en la construcción democrática de la ley mexicana.

La impugnación se sustenta en que hubo violaciones al proceso legislativo durante el análisis, discusión y aprobación de la iniciativa, y “aunque son de forma, no se ajustan a las disposiciones que marca la ley.

“Nunca se citó al órgano reformador del Congreso. Las reformas constitucionales y al Código Electoral se hicieron como si fuera cualquier modificación legal; además, no se convocó a comisiones y al pleno para discusión y análisis, sino que todo se hizo en un día, fast track”, explicó Sánchez.

Camacho Solís mencionó que la reforma es una restauración autoritaria y convocó a la sociedad mexicana a no aceptar un retroceso en la democracia.

Después del PRD se presentaron Ricardo Cantú, del PT, y Luis Walton, presidente nacional de Convergencia, para presentar las acciones de inconstitucionalidad de sus respectivos partidos.

Un elemento que pusieron a consideración de los magistrados es que cuando la reforma fue presentada a los ayuntamientos para que la avalaran, dos cabildos ya las habían aprobado antes que la legislatura; 15 lo hicieron antes de ser notificados y cerca de 25 lo hicieron minutos después de recibir el aviso, es decir, sin razonamiento alguno.

De ser derogada la reforma, los partidos podrán postular a un mismo candidato, conservar sus respectivos logotipos y tener acceso independiente a financiamiento público. De lo contrario, los partidos aliados tendrán que formar una coalición, registrar un mismo logotipo y quedarse con una sola fuente de financiamiento público.

El Partido Acción Nacional (PAN) aún no encuentra elementos jurídicos para impugnar estas enmiendas promulgadas por Enrique Peña Nieto el 25 de septiembre y avaladas por 92 de los 125 municipios mexiquenses, según dijo su secretario general en el estado, Víctor Hugo Sondón.

En cambio, anunció que el 25 de octubre instalará una mesa de diálogo para negociar una coalición para las elecciones de 2011, cuando se renovará la gubernatura. Octavio Germán Olivares, dirigente estatal panista, dijo que ambos partidos enfrentarán unidos al PRI.