Ginebra, 18 de octubre. El fortalecimiento del estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente, afirmó Gabriela Knaul, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados,

Knaul realizó una misión de investigación en México del primero al 15 de octubre.

En un comunicado divulgado este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la experta consideró que la reforma de 2008 al sistema de justicia penal puede constituir un gran avance para mejorar la procuración, el acceso y la administración de la justicia en el país.

Esta reforma contiene importantes elementos para garantizar los derechos de todas las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal, expuso.

Sin embargo, enfrenta dificultades y obstáculos en su aplicación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada, consideró.

Para la relatora, la reforma del sistema penal depende del liderazgo político y necesita de un fuerte impulso por parte de todas las instituciones competentes.

Asimismo, manifestó que la independencia de los jueces, especialmente en las entidades federativas, está en riesgo. La vinculación de los magistrados de los tribunales superiores de los estados con el Poder Ejecutivo es un riesgo real para su independencia, acotó.

Indicó que también es necesario fortalecer y profesionalizar el gremio de los abogados. Hace falta una colegiación obligatoria, así como criterios uniformes de reglamentación del ejercicio de la profesión para garantizar el acceso a una representación profesional calificada, dijo.

La relatora subrayó también que la justicia militar en México debería ser reformada para que no sea competente en casos de violaciones a los derechos humanos y no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles.

Durante su visita, la relatora de la ONU estuvo en la ciudad de México y en los estados de Chiapas, México, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán; además, se reunió con el presidente Felipe Calderón y otros funcionarios de alto rango, así como con representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

También tuvo encuentros con integrantes de las comisiones de derechos humanos, asociaciones de magistrados y jueces, y colegios de abogados, así como con académicos y organizaciones internacionales no gubernamentales.

Las conclusiones y recomendaciones finales sobre su visita serán presentadas en un próximo informe de la relatora especial al Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2011.