n un comunicado divulgado ayer por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la relatora Gabriela Knaul señaló que el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia en el país sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente. Agregó que la justicia militar en México debe ser reformada para que no sea competente en casos de violaciones a los derechos humanos y no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles.

Las declaraciones de la funcionaria ponen en relieve uno de los errores fundamentales de concepción en la actual política de seguridad pública: un aparato de justicia falto de solidez e independencia, que no está preparado, por tanto, para enfrentar las implicaciones de la estrategia gubernamental en materia de reforzamiento del estado de derecho y combate al crimen que fue impuesta desde diciembre de 2006. Tal déficit contribuye a explicar la gran proporción de yerros gubernamentales en las acusaciones contra los detenidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico –la mayoría de los cuales han sido liberados por falta de pruebas– y, también, el arbitrario proceder del Ministerio Público en episodios como el michoacanazo, en el que, más que un afán legalista y de procuración de justicia, pudo observarse un designio de golpeteo contra los opositores políticos.

Las fallas del sistema de justicia se expresan, por otra parte, en la incidencia de graves y crecientes violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de esta guerra, así como en la consecuente impunidad de que gozan la mayoría de los funcionarios responsables, empezando por los que pertenecen al ámbito militar. Como señaló la relatora de la ONU, es ineludible la necesidad de avanzar en la supresión del fuero castrense para delitos cometidos contra civiles, no sólo para prevenir la comisión de nuevos atropellos, sino también para restaurar y preservar el prestigio y la credibilidad de las propias fuerzas armadas.

Las carencias mencionadas no sólo propician el quebranto del estado de derecho por quienes debieran resguardarlo; también abren un margen para la aplicación de estrategias de limpieza social, para el resurgimiento de las desapariciones políticas, ahora disfrazadas de levantones del narco, y para la operación de organizaciones de corte paramilitar, como señaló anteayer la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Por lo demás, el señalamiento de la funcionaria internacional de que la reforma del sistema penal necesita de un fuerte impulso de todas las instituciones competentes pone de manifiesto otro de los fallos iniciales del gobierno calderonista: en vez de construir un consenso amplio que fundamente una estrategia anticrimen eficaz, verosímil y aceptada por la población, la actual administración se empeñó en imponer desde un principio su propia concepción en la materia, y exigió el respaldo acrítico de todo el espectro político, económico y social. Otro tanto ha ocurrido con los intentos posteriores –a la vez contradictorios y equívocos– por dotar de legitimidad la actual política de seguridad: la administración federal convoca a encuentros para dialogar en torno del tema y, al finalizar éstos, recalca su falta de disposición a modificar la estrategia vigente.

Es claro que por la vía transitada hasta ahora no podrá lograrse el acuerdo social indispensable para que el combate a la delincuencia desemboque en algún resultado positivo: además de una real disposición del gobierno a escuchar y a dialogar, como principio para el diseño de una estrategia exitosa contra la inseguridad, se requiere un viraje de fondo en el rumbo económico del país, pues el actual es generador de pobreza, marginación, insalubridad, desempleo y desintegración social y familiar, elementos que componen un caldo de cultivo para la delincuencia.

Asimismo, es necesario un compromiso real de los distintos niveles de gobierno en la observancia de la legalidad en todos sus aspectos, y la comprensión de que el delito no se reduce al narcotráfico, el secuestro, el homicidio y el robo, sino incluye la corrupción, el desvío de recursos, las licitaciones y contrataciones amañadas, así como las violaciones a las garantías individuales, que en la actual administración han alcanzado niveles indignantes y escandalosos.