La reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó el Senado de la República incluyó normas impropias que la volvieron un poco inoperante, porque no fija cuáles son las reglas del juego ni la forma como deben actuar las fuerzas armadas y otras instancias federales en la atención de problemas de seguridad interior, aseveró el general de brigada Luis Crescencio Sandoval González, jefe de la sección quinta (Planes Estratégicos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

De su lado, el diputado Rogelio Cerda (PRI) destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea crear entre 18 y 20 batallones de elementos adiestrados en combate urbano para mitigar los riesgos de que haya bajas civiles. Se trata de elementos similares a los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), que estarán conformados por soldados que tendrán capacidades policiacas.

Al participar ayer en el seminario México: Seguridad Nacional, Relaciones Cívico Militares, Democracia y Combate a la Delincuencia Organizada, auspiciado por la Cámara de Diputados y por organizaciones civiles, el legislador refirió que estos nuevos Gafes, 18 o 20 batallones, serán adiestrados para combatir al crimen organizado en zonas urbanas y evitar incidentes como el del Tecnológico (de Monterrey) o como el asunto que pasó en Nuevo Laredo, donde militares asesinaron a civiles al confundirlos con criminales.

A su vez, el general Sandoval cuestionó algunos puntos de la Ley de Seguridad Nacional, como el que en el Senado se mezclaron las cosas que la convirtieron en una norma nacional que se rige bajo esquemas de seguridad pública.

Las fuerzas armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública (y) que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional.

En la minuta del Senado, señaló, de acuerdo con la reforma las fuerzas armadas tendrían que acudir en apoyo de las autoridades civiles, pero, ¿cómo van las instancias de seguridad nacional ir en auxilio de la autoridad que fue rebasada y mantener a nivel de seguridad pública, un asunto que tiene que ser tratado con otras condiciones?

Coincidió con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), y con José Luis Piñeyro, especialista en seguridad nacional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, en señalar que la referida ley es clara en la definición de conceptos fundamentales, como qué es la seguridad pública, qué la seguridad nacional y como componente de ésta, la seguridad interior y exterior.

El militar explicó que la seguridad pública es la que tiene que ver directamente con la integridad del ciudadano, mientras que la interior es la encargada de garantizar que las instituciones no sean afectadas por factores como el narcotráfico.

Por su parte, el senador González (PAN) reconoció que la legislación recién aprobada contiene deficiencias, aun cuando todavía no la ratifica la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que él y sus compañeros sacaron lo más negociable.

A su vez, John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que ya era urgente que se legislara en el tema, en razón de que la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico es inconstitucional e ilegal. Esa situación no le conviene ni a las fuerzas armadas, ni al gobierno, ni a la sociedad.

Ello, porque el Ejército ha suplantado a las fuerzas de seguridad estatales y federales y, en ocasiones, al aparato civil democráticamente electo, siendo que la Constitución no lo prevé.

Por su parte, Leonardo Curzio, del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, señaló que la ley adolece de un mecanismo que garantice la transparencia en las decisiones que adopta el gabinete de seguridad nacional.

Planteó que las sesiones de este organismo sean videograbadas para que, cuando puedan ser conocidas por el público, la sociedad sepa quiénes fueron los responsables de las decisiones adoptadas y propuso que haya más controles legislativos sobre los organismos de inteligencia.