La Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido bloqueada desde 2007 una denuncia de hechos que se presentó contra Germán Larrea, el dueño de Grupo México, y otros miembros del consejo de administración del consorcio, así como funcionarios de la Secretaría del Trabajo, por el homicidio industrial de 65 mineros en la explosión de Pasta de Conchos, informó Marco del Toro, abogado del sindicato nacional de trabajadores mineros.

En entrevista explicó que han pasado casi tres años y la PGR ni siquiera ha integrado la averiguación previa, ni ha referido la coadyuvancia; no ha hecho nada. El proceso está totalmente bloqueado.

En esta denuncia se asienta que la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos no fue una sorpresa. Los directivos de la empresa y las autoridades de la Secretaría del Trabajo conocían de las deficiencias que había en materia de seguridad de la mina y, a pesar de ello, no hicieron las correcciones que pudieron haber evitado que fallecieran los mineros. Desde el punto de vista penal, el delito se llama comisión por omisión, explicó Del Toro

Sostuvo que si tanto autoridades como empresarios del Grupo México conocían de antemano que había explosividad en la mina, que no había condiciones de seguridad y por no tomar acciones al respecto se dio el siniestro en la mina, se perdieron vidas humanas, eso los hace responsables del delito de homicidio por omisión.

El dirigente del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, ha puntualizado que Grupo México no quiso invertir un millón de dólares en seguridad en esa mina en meses previos al accidente, lo que hubiera costado un túnel alterno que fuera de escape y de ventilación. Sin embargo, la empresa había obtenido utilidades por 2 mil 600 millones de dólares un año antes de que cerrara la mina.

Marco del Toro planteó que incluso inspectores de la Secretaría del Trabajo habían notificado a la empresa de las deficiencias desde varios años antes, pero no hicieron nada por impedir que se siguieran operando bajo condiciones adversas. Por ello la denuncia es también contra funcionarios federales y principalmente contra Francisco Javier Salazar, como secretario del Trabajo de ese entonces.

También recordó que en la explosión de Pasta de Conchos perdieron la vida 25 trabajadores sindicalizados, 4 empleados de confianza y 36 contratistas externos. Sin embargo, la denuncia que se presentó está totalmente estancada por la PGR, lo cual implica que la procuraduría ha incurrido en conductas omisivas y no ha realizado su tarea investigar y ejercer acción penal, a pesar de que está perfectamente acreditado la responsabilidad penal de estas personas.

El abogado comentó que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo corroborar que fueron muchas más las faltas de seguridad en que incurrió la empresa desde muchos meses antes de la explosión, en connivencia con las autoridades federales.

Al emitir su recomendación 026/2006, en julio de 2006, la CNDH indicó que la causa del siniestro tuvo origen en las deficientes condiciones de seguridad e higiene en que operaba la mina, al tiempo que atribuye responsabilidad a algunos servidores públicos involucrados en las tareas de supervisión de seguridad e higiene y advierte la responsabilidad de la propia empresa propietaria de la mina por operar en condiciones de ínfima seguridad, expuso.

Por último, remarcó que incluso al presidente de la CNDH ya se le presentó una copia de la denuncia presentada y se le planteó que la PGR no ha ejercido acción penal contra los culpables, de tal forma que esta instancia pueda emitir una nueva recomendación para que este caso no quede en el limbo.