a página electrónica de Político, la organización estadunidense de análisis, informó que el multimillonario Ruper Murdoch, dueño de la cadena de televisión Fox y el diario Wall Street Journal, fue cuestionado por los accionistas de sus empresas, quienes le preguntaron por qué razón había dado un millón de dólares a la Asociación Nacional de Gobernadores del Partido Republicano y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Murdoch respondió enfático que lo había hecho porque por el bien del país, por el de los accionistas (de sus empresas) y por la prosperidad, es necesario que haya un cambio en Washington. Está claro que a Murdoch no le gusta ni le conviene la política del presidente Obama, ni la de la mayoría demócrata en el Congreso. Cualquiera que haya escuchado o leído las acres críticas que en contra del gobierno se hacen desde los medios de los que él es propietario no le cabrá la menor duda de ello.

De acuerdo con una decisión de la Suprema Corte, el señor Murdoch y también quienes se ocultan en el anonimato, pueden dar dinero sin límite alguno a los candidatos de su preferencia. Es que cada vez es más evidente que quienes tienen la oportunidad de llegar al gobierno son quienes tienen más dinero o quienes reciben el apoyo de quienes lo tienen, y que sus intereses están cada vez más alejados de los de las mayorías.

Esa diferencia de intereses es manifiesta cuando se escucha que buena parte de los candidatos republicanos que son apoyados por millonarios o grandes corporaciones, realizan sus campañas sobre la base de dar un giro de 180 grados a la política del gobierno actual, al que acusan de socialista. Uno de sus objetivos es derogar la Ley de Salud, aprobada hace algunos meses, mediante la que se integró a 36 millones de personas al sistema de salud. La ley establece que las aseguradoras no pueden rechazar a nadie por el hecho de tener alguna enfermedad que consideran grave, y que no pueden aumentar las primas de seguro cuando hay la necesidad de practicar algún tipo de cirugía. Una vez que el plan se convirtió en ley, no hubo mucho que esperar para que las aseguradoras emplearan recursos millonarios para derogarla, y que varios gobernadores republicanos iniciaran sendas demandas judiciales para que se declarara inconstitucional.

Emplear millones de dólares para dar al proceso electoral una dirección cuya meta es el beneficio propio, como lo hace el señor Murdoch, es una forma de imponer los intereses de unos pocos en agravio de la mayoría, violentando las más elementales normas de la democracia. Para colmo, en los medios políticos se insiste en que hay millones de dólares que se han vertido en el proceso electoral cuya procedencia es desconocida, pero muy probablemente provienen del extranjero para influir en el gobierno.

Cada vez más estadunidenses ven con preocupación cómo una elite de millonarios ha decidido apoderarse del gobierno para beneficio propio, comprando literalmente las elecciones.