La Paz. El proceso de reglamentación de la ley contra el racismo comenzó con la asistencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, de indígenas, de mujeres, de trabajadores, de periodistas de medios alternativos y de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), entre otras. La decisión de esta última organización fue calificada como alta traición por integrantes de la Federación de Periodistas de El Alto, que como la mayoría de organizaciones del gremio y la Asociación Nacional de la Prensa –que agrupa a propietarios de medios de comunicación–, dijeron que no asistirían para no legitimar los artículos 16 y 23 que consideran atentatorios contra la libertad de expresión. La FTPLP dijo que con su participación buscará que no se afecte la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa y que si un entrevistado en directo emite ideas racistas, se le haga responsable ante la ley de esas ideas y no al entrevistador o al medio. Denunció además que está en marcha una campaña de la oligarquía y oportunistas circunstanciales para desestabilizar a la FTPLP como organización y desgastar la figura de su dirigente Boris Quisbert, quien llegó a esas funciones mediante el voto de sus afiliados.