Saltillo, Coah., 13 de octubre. La Procuraduría General de la República (PGR) debe reanudar la investigación por homicidio en la mina Pasta de Conchos y considerar la culpabilidad del ex presidente Vicente Fox; de Francisco Javier Salazar, ex secretario del Trabajo, y del actual titular de esa dependencia, Javier Lozano, pues son cómplices de Industrial Minera México al encubrir la inseguridad con que obligaba a trabajar a los obreros, exigió el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Con motivo del rescate en Chile, aseguró que hay suficientes elementos técnicos y jurídicos para conseguir que el gobierno mexicano retome la averiguación previa por la muerte de 65 trabajadores en la carbonera Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, que la PGR almacenó semanas después de la tragedia.

Después de cuatro años de la explosión en el yacimiento, ocurrida el 19 de febrero de 2006, dijo que los deudos sienten rabia e indignación al ver que en Chile el gobierno y los empresarios se unieron para rescatar con vida a los trabajadores, mientras en México lo hicieron para dejarlos morir y enterrarlos para siempre.

Consideró que al dejar sepultados en el socavón a 63 de los 65 carboneros muertos en Pasta de Conchos (dos de los cadáveres fueron recuperados meses después del accidente), el gobierno de México queda en total ridículo cuando el mundo atestigua los esfuerzos para recuperar a los chilenos y llevarlos a la superficie.

Demandó además a la PGR considerar que Minera México suspendió las operaciones de búsqueda cuatro días después de la explosión, aun cuando los brigadistas señalaban la viabilidad del rescate, versión que –recordó– fue respaldada por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por brigadistas que antes de Pasta de Conchos participaron en diferentes operaciones de salvamento en lugares confinados, pero la empresa se mantuvo en la postura de que la búsqueda debía suspenderse debido a condiciones de inseguridad.

Pero la inseguridad en el yacimiento no era algo nuevo, estaba desde antes de la tragedia, y con la complicidad del gobierno, la empresa suspendió el rescate para que no salieran a la luz las condiciones en que los mineros eran obligados a trabajar, agregó el prelado.

Igualmente se refirió a testimonios de sobrevivientes y de familiares de los deudos, así como a documentos técnicos respecto a que la empresa filial de Grupo México escatimó recursos para seguridad.

Los medidores de gas estaban manipulados para evitar que las máquinas dejaran de trabajar, aun cuando existieran elevadas concentraciones; la empresa contratista General de Hulla retiraba las vigas de madera de los espacios explotados para reutilizarlas en zonas nuevas, de tal forma que en buena parte de la mina no había soporte en el techo ni en las paredes, sostuvo.

En lugar de acero, las vigas eran de madera, y no había separadores entre ellas, como indican los estándares mínimos de seguridad, y tampoco había una malla de acero que sirve para evitar derrumbes. El jerarca descartó además la versión de la empresa respecto a que la excavación se vino abajo por completo, pues con una videocámara que se introdujo por un tiro de ventilación, los investigadores observaron que el fondo del yacimiento estaba intacto.