La delincuencia organizada se ha convertido en un serio obstáculo para garantizar los avances democráticos en América Latina, pues sin pactos sociales que refuercen la vigencia del estado de derecho, la inseguridad será uno de los mayores factores que detengan el desarrollo de la región, señala el segundo informe sobre la materia en el subcontinente presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“En contextos donde hay una alta tasa de homicidios –así como organizaciones armadas de guerrilleros o de narcotraficantes– las fuerzas policiales y crecientemente las fuerzas armadas tienden a asumir roles protagónicos que las pueden llevar a ganar espacios de autonomía indebidos frente a los poderes civiles y democráticos”, subraya el documento.

Dentro del capítulo sobre las políticas prioritarias que se requieren para consolidar la democracia en la región, se desglosa ampliamente el fenómeno de la inseguridad. América Latina es uno de las principales productoras de mariguana y cocaína, lo que supone un impacto en la economía por la que cruzan miles de millones de dólares producto de actividades ilícitas.

Una democracia que no es capaz de asegurar el ejercicio pleno de derechos sociales y económicos termina por crear condiciones que favorecen la generación y reproducción de la violencia, la cual la debilita. Romper este complejo círculo requiere superar el tono actual de la discusión sobre la inseguridad en la región, que ha empezado a girar en torno a enfrentar el problema con el uso de la mano dura no pocas veces con franca impaciencia, cuando no con desprecio al respeto de las garantías individuales. Los resultados de la mano dura a los problemas de la delincuencia no son halagadores.

Los organismos internacionales alertan sobre el hecho de que el incremento de la inseguridad ciudadana y el temor deterioran el apoyo de las instituciones democráticas y permiten que afloren expresiones de autoritarismo largamente arraigadas en la cultura política de la región. Aunado a ello, otra repercusión política de la actividad criminal es el debilitamiento de los estados y su capacidad de hacer valer la legalidad, por lo que en la actualidad hay extensiones importantes de territorio controlados por estas bandas, donde los déficit de estatalidad son extremos.

A modo de ejemplo, el informe señala que 27 por ciento de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo se registran en América Latina, que apenas representa 8.7 por ciento de población global. Aunque el informe hace pocas alusiones explícitas a problemas nacionales, en el caso mexicano recoge los reportes oficiales según los cuales casi la mitad de los homicidios en el país ocurridos en 2008 estuvieron ligados al narcotráfico.

Al abundar sobre las causas de la violencia, el documento refiere, en el caso centroamericano: la violencia estalló porque los jóvenes no tienen acceso a los servicios de salud y educación, al tiempo que las políticas dirigidas solamente a reprimir las bandas delictivas han mostrado ser ineficaces. Ello demuestra que el fenómeno supera una visión que solamente pretende resolver el problema por la vía de los aspectos represivos y evidencia que debe vincularse una necesaria integración social.

En este sentido, el documento destaca las experiencias de Sao Paulo, Brasil, y Medellín, Colombia, que han logrado abatir sus niveles de violencia con políticas que van más allá de la violencia policial y que tienden más a reforzar las política sistemáticas de seguridad pública.

El uso de los métodos coercitivos para combatir el narcotráfico sólo puede ser una parte de la respuesta al fenómeno, pero debe ser complementada con acciones de salud pública, de prevención en el consumo de drogas, y debe otorgársele una dimensión política que involucre mayores capacidades del Estado en esta lucha.