Mapuche frente al despojo histórico,
la injusticia racista
y el neoliberalismo
Susana Huenul y Claudia Villagrán
En 82 días un cuerpo que ha dejado de ser alimentado pierde fuerza, salud y vitalidad llegando al límite de la muerte. En Chile un grupo de 34 presos políticos mapuche iniciaron el pasado 12 de julio una huelga de hambre, con el fin de llamar la atención de cómo un Estado los condena por su condición indígena, a través de la aplicación de una ley antiterrorista creada durante la dictadura de Pinochet en1984.
Ante negociaciones directas con el gobierno, 23 mapuche movilizados dejaron la medida de presión el pasado viernes primero de octubre. Esto, debido a que el poder ejecutivo se comprometió a retirar las querellas por ley antiterrorista a los huelguistas y someterlos a juicios por derecho penal común en un máximo de 5 días hábiles, además de proseguir en las reformas a la justicia militar para que los civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.
El acuerdo hace mención a las reformas a la ley antiterrorista realizadas por el Congreso a propósito de la huelga de hambre, que permiten no aplicar esta norma a menores de edad e indagar sobre la credibilidad de los testigos sin rostro, sin que se elimine este cuestionado instrumento, además de mantener el delito de incendio terrorista.
Por esta misma razón, catorce de los presos, la mayoría recluidos en la cárcel de Angol y en el hospital de Victoria, decidieron continuar poniendo su vida en juego para exigir que el Ministerio Público deje de aplicar a causas mapuche una ley considerada racista, expresando así una desconfianza histórica frente al Estado chileno. En un comunicado público, llaman al pueblo mapuche, a la sociedad chilena y a la comunidad internacional a seguir apoyando esta medida de fuerza, al tiempo que enfatizaron “algunos huelguistas no estamos dispuestos a avalar cambios jurídicos aparentes que no resuelven las cuestiones de fondo”.
La ley racista. Desde 2002 los mapuche que defienden sus legítimos derechos territoriales han venido sufriendo las arbitrariedades judiciales por la criminalización de la protesta social, tal como lo denunció en su informe de 2003 el entonces relator para cuestiones indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen.
La ley 18.314, conocida como antiterrorista, permite restricciones al debido proceso, tales como: largos periodos de prisión preventiva (incluso ha llegado a durar un año), permite los testigos protegidos y sin rostro (que anula las posibilidades de un debido proceso), además de triplicar las condenas.
Por acciones como tomas de caminos rurales, tomas de predios en manos de empresas forestales que demandan como propios, incendios de pastizales y de maquinaria privada, que en el caso de otros movimientos sociales serían investigados y procesados por la justicia penal y civil, los mapuche son procesados y condenados por la ley antiterrorista.
Es una ley aplicada de manera racista, pues como lo ha declarado públicamente el abogado chileno Jaime Madariaga, se procesa a los imputados por lo que son (derecho penal de autor) y no por lo que hacen (derecho penal de acto). Así se juzga a los mapuche por su condición de indígenas reclamando derechos territoriales ancestrales y no por la calidad de los hechos mediante los cuales se han manifestado para reivindicar sus demandas. Lo que ha pretendido infringir temor y disciplinamiento hacia la protesta social mapuche.
De ahí que las demandas hayan sido durante más de 80 días, y sigan siendo para los catorce movilizados, que nunca más se aplique la ley antiterroristas en causas mapuche, no al procesamiento de la justicia militar, la exigencia de derecho a un debido proceso, fin a los montajes políticos judiciales, la no utilización de testigos sin rostro y el término de prácticas que violan los derechos humanos básicos (extorsión, amenazas, torturas físicas y psicológicas en interrogatorios policiales); así como también la desmilitarización de las comunidades mapuche que reivindican derechos políticos y territoriales.
Construcción histórica y coyuntural del conflicto mapuche. El actual conflicto mapuche se arrastra desde su incorporación forzada al Estado chileno a través de la ocupación militar, a partir de 1850, llamada con eufemismo “Pacificación de la Araucanía”, que los despojó de 95 po ciento del territorio ancestral que habían conservado soberanamente frente a la Corona española. Este antecedente se mantiene vivo en la memoria oral del pueblo mapuche y de sus autoridades tradicionales.
Con el correr de los años el despojo continuó por parte de colonos nacionales y extranjeros, llegados a la zona por la política de inmigración europea propiciada por el Estado chileno, lo que tuvo un quiebre durante la reforma agraria. Sólo durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), históricamente los mapuche recuperaron 197 mil hectáreas en la Región de la Araucanía. Con la contrarreforma agraria efectuada durante la dictadura de Pinochet (1973-1989), estos terrenos fueron devueltos a latifundistas o, en su defecto, vendidos a empresas forestales a muy bajos precios, generándose años más tarde grandes plantaciones forestales de pino y eucaliptos (el llamado desierto verde) en territorio indígena.
Cercadas las comunidades mapuche por las madereras, con el vivo recuerdo del despojo histórico, sumado a la falta de voluntad política de los gobiernos de la Concertación (1990–2010), que a pesar de haber promulgado una ley Indígena en 1993 y haber creado la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), defendieron los intereses económicos neoliberales por sobre la defensa del desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas de Chile. Así se conjugaron los elementos que gatillaron grosso modo la movilización de un sector de los mapuche a partir de 1997 y el denominado conflicto mapuche, como se conoce en la actualidad.
Un desenlace en vilo. La huelga de hambre de los presos políticos mapuche ha constituido una primera prueba para la política indigenista que el gobierno de la derecha liderada por Sebastián Piñera pretende llevar a cabo. En tanto, el newen (fuerza) de la movilización nacional e internacional en apoyo a los huelguistas parece dar cuenta de una nueva sensibilidad y conciencia frente al pueblo mapuche y a la deuda histórica que el Estado chileno y la sociedad nacional mantienen con ellos. No obstante, una añeja historia de atropellos ha hecho que 14 mapuche decidan seguir arriesgando su vida por defender lo que ellos denuncian como demandas de fondo, cuestionando pero respetando, los alcances de los acuerdos pactados por 23 de sus hermanos.
Fiesta del Nazareno, Isla Cahuach, Chile. Foto: Mariana Matthews
