Claroscuros de Lula
A los indios les quedó a deber
Joana Moncau y Spensy Pimentel
En tres meses, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluirá ocho años de gobierno en los que se consagró como el más popular presidente en la historia de Brasil, con índices de aprobación cercanos al 80 por ciento y una probable victoria electoral (aún en veremos) de su candidata a sucederlo, Dilma Roussef. Sin embargo, para un grupo minoritario de brasileños, cerca de un millón de personas, Lula resultó una decepción impensable años atrás. Entre los pueblos indígenas, Lula quedó a la baja. “Ha probado ser el enemigo número uno de los indios”, llegó a decir recientemente el cacique Megaron, líder de los kayapó, uno de los pueblos indígenas más conocidos en el exterior.
Esta postura no es unánime, ciertamente. Entre los hechos positivos de los últimos años está, por ejemplo, la homologación del Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, con 1.7 millones de hectáreas en Roraima, al extremo norte del país. Al cabo de una larga disputa judicial, las acciones contra esa demarcación fueron superadas en el Supremo Tribunal Federal en 2008, si bien carga con una serie de condicionantes aún en querella legal.
Entre los hechos que unos aprueban y otros rechazan está la reestructuración del órgano indigenista oficial, la Funai (Fundación Nacional del Indio), que tiene más funcionarios y recursos, pero sigue cerrada a la participación de los propios indígenas. La creación reciente de una Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) es considerada un triunfo, después de años de violentas protestas y denuncias de corrupción en el sector, hasta este año dominado por el PMDB, partido de derecha que ha sido gran aliado de Lula en el parlamento.
Por lo demás, queda una serie de resultados negativos. El más grave es que, mientras se triunfa en la demarcación de tierras en la Amazonia, donde están hoy el 98 por ciento de las 107.5 millones de hectáreas declaradas tierra indígena (cerca del 12.5 por ciento del territorio nacional), los indígenas del centro-sur y el Nordeste del país (45.8 por ciento del total de la población indígena, sin contar los que viven en las ciudades) mantienen una lucha férrea e inconclusa por la recuperación de sus territorios.
La demarcación de tierras fuera de la Amazonia, en las partes donde la presencia no indígena es más antigua y más densa, implica enormes costos políticos y financieros. Lula no consiguió superar el poder de los agronegocios en esas zonas, prefiriendo su alianza con ese sector de la economía, que produce buena parte del superávit financiero del país en sus exportaciones.
El resultado más espantoso de esa impotencia puede verse en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay y Bolivia, que alberga a la segunda mayor población indígena de Brasil, unas 70 mil personas. La peor parte se la llevan los guaraní kaiowá, 45 mil personas en 42 mil hectáreas. Confinados en pequeñas ínsulas de tierra, cercados por las plantaciones de soya, cañas, pastizales y pistoleros por todos lados, los guaraní kaiowá viven en una situación de violencia generalizada, con una tasa de asesinatos semejante a las periferias de las grandes ciudades.
También tienen una de las tasas más altas de suicidio en el planeta (más de cien por cien mil habitantes, sobre todo entre los jóvenes). Allí ya no hay bosques, ni ríos limpios, ni espacios que cultivar. La mayoría de las familias depende para sobrevivir de las donaciones de alimento del gobierno. Relatorías recientes de la ONU, Amnistía Internacional y Survival denuncian su situación como una de las más graves de las Américas. En ocho años de gobierno, Lula homologó tres terrenos para ese pueblo, pero dos fueron embargados por el aparato judicial.
Además de las omisiones gubernamentales, estos indígenas no están protegidos por la selva amazónica, y sí expuestos al racismo y la persecución por parte de los aliados a los intereses por esas tierras, como jueces y policías. En Bahía encontramos el ejemplo más grave, con los tupinambá, pueblo que pasó muchos años eludiendo su identidad indígena, pero que en la última década desencadenó un fuerte movimiento por la recuperación de sus tierras. Allí, la Policía Federal, subordinada de Lula, es acusada de emplear prisiones ilegales y tortura. A los líderes del movimiento indígena se les procesa por delitos como “perturbación del orden” o “formación de bandas”.
Tampoco es fácil la vida para los pueblos indígenas en la región amazónica, aunque la mayoría de las comunidades tienen ya garantizadas sus tierras. En las regiones de avanzada del agronegocio, como Mato Grosso, los manantiales son contaminados por agrotóxicos, mientras los ríos son absorbidos por las plantaciones puestas sin ningún criterio en sus riberas. Al mismo tiempo, la agroindustria propicia la construcción de pequeñas centrales eléctricas que dañan el equilibrio ecológico y amenazan la subsistencia de las aldeas.
El mismo gobierno federal, argumentado una preocupación por el desarrollo económico de la nación que muchas veces sirve de fachada a los intereses privados (casi siempre ligados a los políticos de derecha que Lula ha cobijado), patrocina grandes plantas eléctricas en ríos amazónicos como Madeira, Tapajós y, principalmente Xingu, por medio de su Programa para la Aceleración del Crecimiento. En este contexto surge la crítica del cacique Megaron.
El caso más reciente y polémico es la hidroeléctica de Belo Monte, en el Xingu. La planta ya estaba proyectada desde la dictadura militar, pero sólo un gobernante con respaldo popular como Lula fue capaz de vencer la resistencia y tirarla a la basura. Su construcción, calculada en 10 mil millones de dólares, podría iniciar este mismo año.
A los indígenas se les trata como una minoría a la que no puede permitírsele obstruir un desarrollo del país aliado de los intereses extranjeros. El hecho es que Belo Monte representa una empresa polémica también entre los especialistas, quienes han criticado el proyecto. A causa de las fuertes variaciones en el flujo fluvial en la Amazonia, la planta deberá generar la mayor parte del año bastante menos energía de la prometida por el gobierno (4 500 MW, y no 11 mil MW). Además, los especialistas acusan al gobierno de menospreciar los impactos ambientales.
Las acciones de inclusión social, un punto importante en la popularidad de Lula, representan también la contradicción profunda que emana de su gobierno en relación con las poblaciones tradicionales: en vez de proteger los ríos, realiza obras de saneamiento en las aldeas; en vez de otorgar tierra para cultivar, da ayuda alimentaria y asistencia social. En vez de reconocer la autonomía y la autodeterminación, acude al clientelismo y ofrece a los pueblos indios una ciudadanía de segunda clase.
Los autores son editores de la Especial Indígena número 1, de la revista Caros Amigos, que aparecerá próximamente en Brasil.
Peyote con camaleón, Santa Bárbara, Jalisco. Foto de Ivan Alechine
