El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de reforma al artículo 110 de la Constitución para sancionar con juicio político al presidente de la República por injerencia electoral o bien si deliberadamente no publica una ley o la aplica de manera incorrecta.

Mientras, senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia presentaron una iniciativa para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incorporar la figura de candidaturas comunes en la elección de presidente de la República, senadores y diputados federales.

La propuesta presentada por el tricolor en San Lázaro pretende que el presidente de la República no aparezca en promocionales de radio y televisión ni en desplegados en prensa escrita durante el proceso electoral, solicite votos a la ciudadanía, obstruya el desarrollo normal de las elecciones o ejerza presión sobre los electores, al considerarse que todo ello forma parte del delito de ataque a la libertad electoral.

Es importante que quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad penal y política, en caso de que se le compruebe la comisión de actos violatorios a la Constitución de la República, a las leyes que de ella emanen y también a los tratados internacionales, expresó en tribuna el diputado Arturo Zamora (PRI).

Refirió que actualmente el jefe del Ejecutivo, durante su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero preguntémonos qué sucedería si algún día, por alguna causa, dolosa o no, dejara de publicar una ley dictada por el Congreso, o bien, publicándola, por negligencia, indolencia o ineptitud no proveyera a su exacta observancia. ¿Ello no sería, acaso, una clara contravención al artículo 87 de la Constitución?

En el Senado, el panista Ulises Ramírez leyó en tribuna la propuesta en nombre de los grupos parlamentarios de PAN, PRD y Convergencia. Esta propuesta de reforma representa la decisión de fortalecer el estado de derecho y vigoriza las formas democráticas que rigen la convivencia social de los mexicanos.

La propuesta, abundó, mantiene los grandes postulados de nuestra tradición democrática, fortalecida y enriquecida con nuevas normas que coadyuvarán al propósito medular de mejorar nuestra organización política, ofreciendo amplias posibilidades para la expresión de las diferentes corrientes y fuerzas políticas existentes en el país.

Hoy creemos que las candidaturas comunes guardan coherencia constitucional con el régimen de partidos en México y congruencia política con el pluralismo y la representación, resaltó.