os cercos y la impunidad están de moda. Está la dramática situación de los triquis de San Juan Copala, Oaxaca. La noticia buena es que las 50 familias que quedaron bajo el fuego de los paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui pudieron escapar. La mala es que se quedaron sin casa y sin pertenencias. Y a ver qué sigue.

En el norte del país se vive una situación similar. En Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace más de seis años los habitantes de la colonia Granjas Lomas de Poleo viven en algo muy parecido a un campo de concentración. Les cortaron el agua, los dejaron sin luz y les han quemado o tumbado sus casas. Los empresarios Zaragoza quieren arrebatarles el terreno que habitan desde hace más de 30 años y para eso les tendieron alrededor de sus casas un cerco de púas y una caseta de vigilancia, como las que se usan en las prisiones. Nadie entra ni sale sin el consentimiento de guardias armados pagados por los Zaragoza.

En 2008, Refugio Tagle Valdez, colono desde hace más de tres décadas de Lomas del Poleo, recordaba que los primeros indicios del conflicto se dieron dos décadas atrás, cuando el proyecto industrial binacional de San Jerónimo-Santa Teresa adquirió tal relevancia que los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza decidieron también iniciar su campaña de acoso contra Lomas del Poleo. Sus habitantes estorbaban los deseos inmobiliarios y decidieron sacarlos como diera lugar.

En 2004 comenzó el acoso por un lado y la resistencia por el otro. Desde entonces un sinfín de atropellos y triquiñuelas jurídicas han sido utilizadas por la familia Zaragoza. La más reciente tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, cuando fue desalojado del predio precisamente Refugio Tagle Valdez. La orden de desaolojo fue emitida por el juzgado cuarto de lo civil, en una acción que, acusan los pobladores, consituyó un despojo al destruir todas las fincas que se encontraban en su tereno.

Días antes, denuncian los pocos vecinos que aún resisten en Lomas de Poleo, el juez tomó cómo válida una notificación que personal de ese juzgado asegura haber entregado a una trabajadora del despacho de la representante legal de Refugio Tagle, la abogada Juana Quintero. El nombre de la supuesta trabajadora es Claudia Tapia Olivares, lo que es falso, pues esa persona no trabaja en el despacho de la abogada Quintero.

Esta orden ilegal se llevó a cabo un día antes de que se librara un amparo en favor de Refugio Tagle, en contra de la resolución del juzgado cuarto de lo civil,. Y ahora, al igual que en Copala, ¿qué sigue?

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