Las condenas por terrorismo impuestas en Estados Unidos a los cubanos Fernando González, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando Hernández forman parte de una grave injusticia, porque existe un velo de silencio sobre el caso, y lo que queda es la presión internacional para hacer reflexionar al presidente Barack Obama, para que repare el daño y los libere, sostuvo el embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz.

El diplomático aseguró que sus compatriotas no son terroristas, y se ha comprobado la falsedad referente a que hayan pretendido atentar contra la seguridad de Estados Unidos, como se les acusa.

Durante la inauguración de la exposición fotográfica Héroes prohibidos: crónicas de una injusticia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, señaló que el castigo de prisión es para aquellos que delinquen, no para quienes tratan de evitar delitos. Es un caso singular; en el mundo andan sueltos muchos terroristas, pero estos cinco cubanos, detenidos hace 12 años, fueron acusados por tratar de evitar, precisamente, actos de terrorismo contra otro país.

Aguilera de la Paz agradeció el gesto de Moreira y del coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Pedro Vázquez, por montar la exposición, la cual revela la historia del proceso contra los cinco cubanos mencionados.

Más tarde, en el salón Legisladores de la República, donde se realizó un foro de análisis, el diplomático expuso brevemente la historia del proceso contra sus compatriotas.

El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos en Miami, Florida, por el Buro Federal de Investigaciones (FBI), donde se encontraban para obtener y suministrar información al gobierno cubano sobre las actividades terroristas de las organizaciones de extrema derecha cubana que operan desde esa ciudad contra La Habana, “a fin de impedir esas acciones y salvaguardar la seguridad de los cubanos y de los propios estadunidenses.

“Después de Playa Girón siguieron agresiones contra nuestro pueblo, atentados contra Fidel Castro, ataques biológicos, introducción de enfermedades a nuestro país; todos los atentados terroristas provocaron la muerte a más de 3 mil cubanos y heridas a alrededor de 2 mil, y todos se realizaron con absoluta impunidad.

Es por eso que, en ejercicio de su legítimo uso del derecho a la defensa y de su deber de proteger la seguridad de la población y de la nación, el gobierno cubano ha tenido que adoptar medidas para conocer con antelación los planes terroristas de la organización.

Los cinco detenidos en EU –dijo– descubrieron planes para hacer estallar aviones que realizan viajes de Miami a La Habana, trasportando a cubanos que visitan a sus familiares. “Pretendían repetir el atentado de Barbados –ocurrido el 6 de octubre de 1976–, cuando colocaron bombas en un avión de Cubana de Aviación, provocando la muerte de 73 ciudadanos cubanos.

Señaló que las autoridades de Estados Unidos utilizaron esa información para descubrir la fuente de la misma, y en vez de apresar a los terroristas detuvieron a los cubanos que habían obtenido dicha información.

Las anomalías y la parcialidad del proceso propiciaron que el 9 de agosto de 2005, la corte de apelaciones de Atlanta declarara nulo todo el juicio y ordenara que se realizara en un sitio diferente.

Sin embargo, en una acción insólita y contraria a la norma y a la práctica estadunidenses, el gobierno de ese país recurrió a esa histórica decisión y forzó a la corte de apelaciones, esta vez en decisión dividida, a revocarla.

El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias concluyó –por primera vez en un caso relativo a Estados Unidos– que la privación de la libertad de los cinco cubanos es arbitraria y contraria a los convenios internacionales, como resultado de las violaciones cometidas durante el proceso legal, e instó a Washington a frenar tal arbitrariedad.

“Es hora de identificar la lucha por la libertad inmediata e incondicional de nuestros compatriotas; el presidente de Estados Unidos tiene la facultad constitucional y la obligación moral de hacer justicia. Puede y debe hacerlo, y para ello tiene que retirar los cargos contra nuestros compatriotas, quienes ya fueron severamente cuestionados por la corte de apelaciones.

Tiene que hacerlo si intenta proyectar una imagen de cambio hacia América Latina y el mundo; tiene que hacerlo si realmente desea que haya justicia en Estados Unidos. Es necesario romper el muro de silencio en torno al caso impuesto por las trasnacionales que dominan la desinformación a escala mundial. Estos cinco héroes son prisioneros políticos y es necesario redoblar la solidaridad hacia ellos y el reclamo a Estados Unidos para que se haga justicia.