David Ibarra Muñoz, investigador, economista, secretario de Hacienda en el periodo 1977-1982 y distinguido doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2010, lanzó: “¡ya basta de subordinar las políticas sociales y de crecimiento a los dictados de acciones antinflacionarias injustificadamente procíclicas y recesivas!

No hay duda: México necesita un sistema tributario bien adaptado a las circunstancias del país, no sólo para recaudar más, sino para hacerlo con menos imperfecciones, con mayor equidad y eficiencia. Por ésa y otras razones la reforma fiscal es pieza indispensable para corregir la notoria insuficiencia de las políticas anticrisis y solucionar la mediocridad del ritmo nacional de crecimiento. Quiérase o no, se trata de un paso decisivo para liberar al país y al Estado de las ataduras de un modelo económico fallido, incapaz de regenerar el ciclo de inversión, abatir el desempleo de la informalidad y poner coto a la pobreza, sentenció.

Ibarra Muñoz planteó que el rezago estructural del sistema tributario nacional es demasiado grande para enemendarse de golpe sin causar trastornos excesivos, ya sean de índole política o económica, que resultarían magnificados en la actual recesión.

Sugirió emprender una reforma fiscal que impulse el desarrollo del país y elimine los regímenes especiales, mediante la cual se revisen y disminuyan los gastos fiscales, que permita aplicar, por ejemplo, un impuesto a las transacciones financieras y, sobre todo, que se mantenga ajena a intereses políticos.

Propuso desaparecer los impuestos sobre la renta (ISR) y empresarial a tasa única (IETU) e incluso el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) para sustituirlos por un gravamen único, aunque progresivo, con la finalidad de aliviar la situación de los estratos medios, prensados entre las exenciones a la población de ingresos bajos y la desgravación de los estratos de mayor ingreso.

Esos gravámenes, sostuvo, no han tenido el impacto recaudatorio necesario para enderezar las finanzas públicas, pero han contribuido a deformarlas.

Incluso, en el debate de la aplicación generalizada del impuesto al valor agregado (IVA), para satisfacer incluso a los conservadores aceptó que en la reforma tributaria podría caber esa posibilidad, pero sólo aportaría uno por ciento del producto, por más que se haya exagerado su impacto hasta conceptuarlo ideológica y publicitariamente como la solución a las penurias fiscales.

Leonardo Lomelí, David Ibarra Muñoz y Verónica Villarespe, en la Facultad de Economía de la UNAM

Foto Marco Peláez

En la propuesta de Ibarra Muñoz, que impulsó una reforma bancaria, financiera y fiscal durante su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda, se prevé la modificación al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), un nuevo esquema de transferencias a los estados del país, así como poner dientes y estímulos tributarios a las regulaciones protectoras del medio ambiente o reducir los subsidios a actividades nocivas, como la producción de gasolinas.

El sistema tributario en el país, sentenció en la conferencia La tributación en México, que presentó ayer en la Facultad de Economía de la UNAM, históricamente se ha mantenido atrás de las necesidades más apremiantes. Pero sobre todo, agregó, es una de las fallas estructurales e institucionales de la economía nacional y hace falta cambiarlo.

Desde su punto de vista, con el esquema de reformas que propone, al finalizar las primeras etapas de reformas, la participación de la tributación en el producto (interno bruto) se habría elevado entre 4 y 6 puntos, aun incluyendo las desgravaciones de Pemex y el IETU.

Tomando como referencia el PIB, calculado para 2011 en poco más de 14 billones de pesos, el crecimiento en los ingresos tributarios bajo ese escenario iría de un nivel de 560 mil millones a cerca de 850 mil millones de pesos al año.

Tal como es actualmente, afirmó Ibarra Muñoz, el sistema tributario mexicano se encuentra bajo influencias históricas entremezcladas con el inevitable juego de ideologías e intereses.

Entre las primeras, precisó, está la amplitud de responsabilidades del Estado, además de la fuerza relativa de los distintos grupos que “siempre tratan de evadir, de ubicar las obligaciones tributarias en hombros distintos a los propios, o ‘que se haga justicia en los bueyes de mi compradre’”.

Así, abundó, el gobierno queda impedido para impulsar la inversión y, en la crisis, a instrumentar políticas contracíclicas. El país ha de conformarse con una suerte de cuasiparálisis económica y confiar en que la recuperación mundial lo saque adelante.

En síntesis, consideró que en términos macroeconómicos, con los elementos que integran su propuesta, se devolvería a la inversión el papel de motor principal del desarrollo en vez de seguir transfiriendo esa función al consumo, que poco contribuye a la capitalización modernizadora de las economías.