Uno de los argumentos en contra de la supervía poniente es que dicha obra y la forma en que ha actuado el gobierno capitalino para concretarla violan los derechos humanos, no sólo de quienes viven en las inmediaciones del trazo sino de todos los habitantes del valle de México. En respuesta a ello, el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, aseguró que lo anterior es falso pues una de las prioridades de las autoridades ha sido salvaguardar las garantías de todos los ciudadanos.

En entrevista realizada en su oficina dijo respetar pero no compartir el pronunciamiento de más de 100 organizaciones en el sentido de que la supervía contradice la esencia del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Las normas con las que contamos señalan mecanismos para salvaguardar los derechos de información, participación, medio ambiente sano y de seguridad jurídica. Hay una preocupación permanente dentro del gobierno en este tema.

El subsecretario reconoció que existen diferentes grupos de afectados ya que a los ciudadanos que les fueron expropiados sus viviendas se suman los vecinos de zonas aledañas por el impacto urbano que se provocará y en última instancia todos los ciudadanos del Distrito Federal, por el tema del medio ambiente.

Con respecto al derecho de información, que para ser ejercido plenamente tiene que ser oportuno, García Ochoa se escudó en la Ley de Transparencia, pues si bien reconoció que el título de concesión fue dado a conocer primero por los opositores, argumentó que el gobierno lo hizo dentro de los plazos que marca la ley.

De los documentos que aún no son públicos, como los anexos 14 y 15 de dicho título y que se refieren a los programas de liberación del derecho de vía y de obra, Juan José García negó que estén reservados y dijo que no se han dado a conocer porque aún están en proceso de elaboración.

Sobre los derechos a la vivienda y a la comunidad, argumentó que las expropiaciones se pagaron a precio comercial y que existe un programa para apoyar a las personas desplazadas de sus hogares.

En torno a La Malinche, aseguró: “no es una colonia que se encontrara en buenas condiciones, que tuviera una alta calidad de vida y que con la supervía se perdió todo esto. Es una zona de alto grado de marginación, de desempleo. Por todas estas condiciones sociales y económicas ya existía un deterioro del tejido social. No digo que ésta sea la justificación (para incluirla en el trazo) lo digo para moderar el argumento, que es un poco maniqueo, de decir que era una colonia que estaba bien y que después de la obra es un desastre”.

Sobre medio ambiente, el funcionario capitalino dijo que el gobierno tiene razones de peso para considerar que el impacto final de la obra va a ser positivo.

Finalmente y en torno a los debates que realiza el Frente Amplio en la sede de la CDHDF y que finalizarán este lunes por la mañana, García Ochoa comentó: Hemos hecho la propuesta que al concluir los foros se establezca un espacio para que nos expongan sus conclusiones y también escuchen nuestros argumentos. Ellos no lo han aceptado, reiteran que se sentarían en función de que se pare la obra, pero nosotros como autoridad ya no tenemos la facultad de hacerlo pues el polígono ya fue entregado y de pararla se generarían derechos jurídicos en beneficio de la concesionaria.