Amnistía Internacional (AI) demandó ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconozcan la obligación del Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apremió a que resuelvan la consulta a trámite, en discusión desde el pasado 30 de agosto.

En particular, subraya, deberá tenerse presente que la sentencia emitida por la CIDH en noviembre de 2009 en el caso de Rosendo Radilla –desaparecido por militares en Guerrero durante la época de la guerra sucia– emite un mensaje: “que cuando se imputen violaciones de derechos humanos a militares, sea la jurisdicción ordinaria –no la militar– la única competente para investigar, juzgar y sancionar. Es decir, que en ninguna circunstancia debe operar la jurisdicción militar cuando se discuta la violación de derechos humanos de un civil”.