Buenos Aires, 4 de septiembre. El juez de lo comercial Eduardo Malde confirmó la intervención judicial en la empresa Papel Prensa SA, bajo investigación por graves irregularidades, entre ellas la compra de la misma a personas amenazadas y secuestradas durante la pasada dictadura militar (1976-1983), además del ejercicio de control hegemónico y monopólico por el Grupo Clarín y el diario La Nación.

En este mismo contexto, una investigación realizada por el matutino Tiempo Argentino demuestra que la dictadura militar despojó a por lo menos 604 empresarios de todos sus bienes, entre ellos a la familia Graiver, que era precisamente dueña de Papel Prensa.

Los casos revelados hasta ahora por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación corresponden a exitosos hombres de negocios que representaban un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos a las fuerzas armadas, que controlaban el país bajo la más cruenta dictadura de la historia, señala el periódico.

Malde consideró que la resolución de la sala C de la Cámara en lo comercial, que dispuso hace dos días levantar la intervención de Papel Prensa SA, no está firme ya que el fiscal de la causa anunció que apelará y también lo hará el Estado mediante un recurso extraordinario el martes próximo.

El juez sostiene que no es posible volver operativa la decisión de la sala C de la Cámara que determinó el cese de la intervención mientras no se encuentre agotado el plazo que tiene el Estado nacional y la Comisión Nacional de Valores para interponer el recurso extraordinario, y deberá esperarse las resoluciones debidas.

En cuanto al tema de la apropiación de empresas entre 1976 y 1983 –como fue el caso de la familia de David Graiver–, ya existen resoluciones judiciales en juicios como el que determinó la responsabilidad y condena del ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, por el secuestro en noviembre de 1976 de los empresarios Miguel y Federico Gutheim, dueños de una empresa exportadora de algodón.

Ellos fueron mantenidos cinco meses en cautiverio para obligarlos a firmar un convenio con una empresa de Hong Kong, negociación que interesaba a la dictadura.

La investigación cita también el infierno vivido por Carlos Alejandro y Rodolfo Iacarino, ambos prósperos empresarios lácteos, cuando fueron secuestrados en noviembre de 1976 y torturados para obligarlos a vender sus campos en la provincia de Santiago del Estero, y su avión privado.

El 4 de noviembre de 1976 secuestraron a Alejandro Iacarino y a su madre, que estuvo 17 días encerrada, mientras él en un calabozo era constantemente golpeado y amenazado con desaparecerlo.

Ese mismo día, en otro operativo son detenidos sus hermanos Carlos y Rodolfo y el padre de ambos, en Santiago del Estero; los trasladaron en avión a Buenos Aires y los llevaron al Departamento Central de Policía. Al padre lo liberaron, pero los tres hermanos siguieron secuestrados.

Estábamos tabicados, sujetos con grilletes y nos golpeaban todos los días, relató Carlos en entrevista con Tiempo Argentino.

La apropiación de las empresas se realizó en la unidad 9 en la cárcel de La Plata, después de pasar por otros centros clandestinos de detención. “Tuvimos que firmar un papel especial para nuestro padre (al que habían liberado), para que él firmara la escritura ya que si estábamos detenidos eso no tendría valor. Le vendimos (supuestamente) a la empresa Equino Química, y los Graiver le vendieron a Fapel, especie de intermediario, para que terceros se conviertan en ‘compradores de buena fe’. Después Equino Química fue hipotecada en el Banco Río de La Plata”.

Alejandro relata que el padre debió transferir las estancias con 5 mil cabezas de ganado y el avión. “Para darnos la libertad nos exigieron como fianza las acciones de la industria láctea. Cuando papá preguntó qué le daban a cambio, le contestaron: ‘¿Le parece poco la vida de sus hijos?’ Ésta es la parte de la legitimización del robo”.

Son varios los casos que ya están en la justicia y que investiga la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de su subsecretario Luis Alén, en este caso por delitos de lesa humanidad cometidos por motivación económica.

En tanto en otro paso histórico, los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun declararon nula la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría, quien había rechazado un pedido de investigación de los crímenes de la dictadura de Francisco Franco en España, presentado aquí por descendientes de las víctimas y por organismos de derechos humanos.

Las presentaciones en Argentina la hicieron la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados que viven aquí y organismos de derechos humanos, el pasado 14 de abril, ante la imposibilidad de investigar los crímenes cometidos bajo esa dictadura entre 1936 y 1952 en España, como lo intentó el juez español Baltasar Garzón.

Esto le costó al magistrado español la suspensión temporaria de su cargo, una acusación por prevaricato y un proceso que está en marcha. Ahora las investigaciones podrán iniciarse aquí donde residen descendientes de las víctimas de esa dictadura, que intentan acabar con la impunidad en España.