Dos años y seis meses de impunidad, viviendo con coraje por saber que nadie ha pagado por la muerte de sus hijos. Luchas y demandas sin recompensas son la definición de cómo han vivido los integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos desde el primero de marzo de 2008, cuando el ejército de Colombia ultimó a sus hijos.

Ayer, una vez más, esta agrupación se manifestó en la embajada de la nación sudamericana en México en demanda de justicia por el asesinato de sus hijos. Con una misa afuera de la sede diplomática recordaron que el 1º de septiembre se cumplieron 30 meses de ese crimen de lesa humanidad.

El 1º de marzo de 2008 el ejército colombiano atacó un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en la provincia fronteriza de Sucumbíos, Ecuador, donde cinco estudiantes mexicanos se encontraban de visitantes: Soren Avilés, Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Fernando Franco y Lucía Moret. Sólo esta última, junto con dos mujeres colombianas, sobrevivieron al bombardeo que ocasionó la muerte de 25 personas, el número dos del grupo guerrillero, Raúl Reyes, y los cuatro mexicanos.

Son dos años y medio de la masacre y seguimos en pie de lucha, y no nos detendremos hasta hallar justicia, aseguró Rita del Castillo Díaz, madre de uno de los jóvenes asesinados. Demandó de nueva cuenta que la administración de Felipe Calderón se pronuncie contra este crimen.

Pero no le sorprende que el titular del Ejecutivo federal o la canciller Patricia Espinosa Cantellano no se hayan pronunciado sobre el asesinato de cuatro connacionales a manos del ejército colombiano, pues desde el principio mostraron insensibilidad ante nuestro dolor.

Impunidad total

Jorge Moret, padre de Lucía, subrayó que estos dos años y medio se han caracterizado por la impunidad total, aun cuando se violaron los derechos humanos de nuestros hijos y se violentó el derecho internacional.

Moret recordó que su hija tiene cuatro procesos penales en su contra, dos en México, otro en Ecuador y uno más en Colombia, por delitos relacionados con terrorismo. Expresó que, si bien éstos están detenidos, la joven no puede tener una vida pública tranquila por el temor a ser detenida por esas acusaciones sin fundamento.

Los deudos recordaron que la PGR estancó la denuncia penal que tramitaron contra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y el actual mandatario Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa cuando se produjo el ataque. Por ello demandaron a la dependencia mexicana retomar el caso para que el asesinato de connacionales cometido por extranjeros sea sancionado.

No vamos a descansar hasta ver que el asesinato de nuestros hijos no quede impune, no importa el número de años que tengan que pasar, concluyeron.