Chilpancingo, Gro., 3 de septiembre. La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco –líder social de Atoyac desaparecido hace 36 años–, dijo que es una práctica de las instituciones mexicanas la dilación en los procedimientos para ganar tiempo y no hacer nada.

Lo anterior, en referencia a la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aplazar el fallo, programado para diciembre próximo, sobre la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que determinó la culpabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, en 1974, y lo condenó a continuar con su búsqueda y a localizar en forma inmediata a esta víctima de la guerra sucia.

No obstante, Tita Radilla indicó que la sentencia de la CIDH es de carácter obligatorio y se tiene que acatar para que el Estado mexicano repare las violaciones de los derechos humanos en el caso de su padre.

Subrayó que es evidente que el gobierno mexicano brinda protección a los militares, pero es fundamental que [el caso de su padre y otros] sean investigados por la justicia civil, porque son los responsables de las desapariciones de nuestros familiares.

La sentencia de la CIDH plantea que la SCJN debe acatar y sentar las bases para que el artículo 57 del Código Militar –que impide que los soldados que hayan cometido delitos contra la población civil, sean juzgados por la justicia civil–, sea declarado inconstitucional.

Acerca de la posibilidad de que la SCJN aplace la fecha para emitir un fallo, Radilla Martínez señaló que esa es una práctica de todas las instituciones mexicanas, el aplazar, el ganar tiempo, lo hacen con la intención de que el tiempo transcurra y no hacer nada.

Sin embargo, destacó, hay ministros que sí están interesados en que la Corte intervenga para que sea obligatorio el cumplimiento de la sentencia, que ya es de carácter obligatorio, porque todos los mexicanos tienen compromisos internacionales que cumplir, independientemente de que algunas de las instituciones estén de acuerdo o no, el Estado mexicano tiene que acatarlo.

El líder social Rosendo Radilla Pacheco fue uno de los más de 500 ciudadanos guerrerenses desaparecidos, luego de ser capturados por el gobierno durante la llamada guerra sucia, en la década de 1970.