La criminalización de los migrantes indocumentados provoca que organizaciones del crimen organizado lucren con las vidas de personas que transitan por territorio nacional al tratar de llegar a Estados Unidos, aseguró Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

Al referirse a la masacre de 72 migrantes perpetrada en Tamaulipas, el activista consideró que ésta puede ser usada por las políticas militaristas de México y Estados Unidos como método de disuasión que genere terror entre quienes buscan el sueño americano.

Señaló que las acciones anunciadas por el gobierno federal para investigar la matanza y proteger a los migrantes en su paso por México sólo son un discurso.

Insistió en que se sigue criminalizando la migración, que es una opción lícita de miles de personas para obtener recursos y resarcir las necesidades que los estados no son capaces de dar en cientos de poblaciones.

Consideró que la criminalización de los flujos migratorios alienta la corrupción y la violencia contra ese sector, que sólo beneficia a la industria armamentista y a las bandas del crimen organizado que extorsionan, secuestran y asesinan a cientos de indocumentados que pasan por territorio mexicano.

A su vez, la organización Sin Fronteras criticó la falta de compromiso del Estado mexicano para salvaguardar la integridad de los indocumentados que cruzan territorio nacional.

Subrayó que las autoridades mexicanas están obligadas a reconocer y terminar con la violencia de que son objeto miles de migrantes en el país, a construir una política de Estado que no acentúe esquemas de seguridad frente a los de desarrollo y protección de los derechos humanos de ese grupo.

Sostuvo que la ejecución de 72 extranjeros, cometida presuntamente por Los Zetas, pone de relieve la omisión de las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad e integridad física de quienes transitan por el país.

“Las autoridades migratorias no tienen una real perspectiva de derechos humanos que responda a la realidad que vive México. Por el contrario, permiten la criminalización de la población migrante, lo que genera graves violaciones a sus garantías.

“Esa falta de respuesta de parte de las instituciones del Estado invisibilizan la problemática que sufre este grupo en situación de vulnerabilidad y restringe su acceso a la justicia cuando son víctimas de delitos como secuestro, extorsión u homicidio.”

Sin Fronteras demandó al Estado mexicano realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre la masacre y sancionar a los responsables, así como combatir el tráfico ilícito de migrantes y las actividades criminales relacionadas y cumplir con las recomendaciones de la ONU en la materia.