Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que los principales retos del país en la materia son generar mecanismos para atender a los migrantes víctimas de los cárteles, acabar con la colusión de autoridades con los grupos de delincuentes que agreden a los indocumentados, proteger el derecho a la seguridad y adoptar medidas independientes para investigar los atropellos a las garantías individuales de la población en general cometidos en el contexto del combate al crimen organizado.

Entrevistada durante una reunión de despedida, organizada por instancias de Naciones Unidas en el país y agrupaciones protectoras de los derechos humanos, Valiña señaló que deja México, tras tres años de gestiones, con el convencimiento de que la oficina a su cargo contribuyó a visibilizar el riesgo que corren los defensores de esos derechos, así como la necesidad de respetar la libertad de expresión y la urgencia de desplegar mecanismos contundentes en la lucha contra la impunidad, entre otros.

Informó que el lunes asumirá el cargo Javier Hernández, procedente de la oficina de dicho alto comisionado en Colombia, quien ha trabajado en temas en los que podrá hacer aportaciones a México.

Luego de indicar que fue trasladada a Paraguay, Valiña subrayó que se reunió con Hernández para informarle sobre la situación en México.

La funcionaria de la ONU hizo hincapié en que México debe poner énfasis en resolver la violencia de género, sobre todo los feminicidios.

Es normal y legítimo que el Estado tome medidas para actuar frente a la violencia y proteger a las víctimas, pero también es importante que no haya impunidad cuando la respuesta a la inseguridad genera violaciones de los derechos humanos, añadió.

Agregó que la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas es de extrema gravedad y las consecuencias son terribles.

Señaló que lo que se espera es que el gobierno mexicano investigue y dé respuestas. Debe haber un trabajo fuerte por delante para tener mecanismos eficientes y eficaces para la protección de personas migrantes.

Resaltó la situación que enfrentan los defensores de migrantes, los cuales muchas veces son acusados de tráfico de personas debido a que trabajan con indocumentados. El Estado debe verlos como aliados.

Criticó que los migrantes no puedan denunciar ilícitos en su contra, pues el Ministerio Público los denuncia ante el INM (conforme al artículo 67 de la Ley General de Población).

Son víctimas y terminan siendo revictimizados. No por su calidad migratoria se pueden violar sus derechos. Habría que buscar fórmulas para atenderlos en estas circunstancias, independientemente de su situación migratoria.