Organizaciones defensoras de los derechos humanos, representantes de cinco casos de víctimas que demandaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron ayer su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la obligatoriedad para el gobierno de cumplir las sentencias del órgano internacional de justicia. Si la Corte resuelve en contrario, estarían mandando un mensaje de impunidad a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En conferencia de prensa, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien llevó ante la CIDH el caso de las indígenas Valentina e Inés, violadas por militares; Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, y Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que llevaron el caso de Rosendo Radilla, desaparecido por militares en la denominada época de la guerra sucia, destacaron: sería penoso y catastrófico que la Corte resolviera que la sentencia de la CIDH no es vinculatoria.